Caracas Chronicles

Como nación nos ha costado asumir que somos un país migrante. Cruzar fronteras se convirtió en una estrategia que durante los últimos diez años nos ha permitido subsistir y generar recursos para quienes permanecen en Venezuela, para que todos podamos dar continuidad a nuestros proyectos de vida. 

Esto ha generado un gran impacto en nuestras formas de vivir y en cómo nos relacionamos con nuestros seres queridos, pero también en cómo pensamos en nosotros como nación. 

Sin embargo, hoy día ni la emergencia humanitaria compleja ni la migración masiva resultan ser un fenómeno que nos sorprenda y por tanto, en los últimos diez años nos hemos visto obligados a reorganizarnos socialmente en el interior de nuestras familias, comunidades y proyectos identitarios.

Los desafíos a enfrentar por parte de la comunidad democrática venezolana, fuera y dentro del país, no son pocos. La profundización del rumbo autoritario del gobierno de Maduro se suma al hecho de que la administración de Donald Trump nos demuestra que, ahora también, segundos y terceros países se pueden ver involucrados de manera directa en la violación de los derechos humanos de la población migrante. Situación que trae al debate sobre si durante este tiempo hemos generado iniciativas organizativas para la articulación de una “diáspora” que de manera formal e informal participe y se involucre activamente en hacer prevalecer los derechos de los sujetos migrantes, así como también en el futuro político de Venezuela. 

Algo más que un éxodo

Ahora bien, ¿nuestro éxodo podría considerarse una diáspora?  

Una diáspora se define como la dispersión geográfica de un grupo masivo de personas que comparten un origen territorial común, generalmente provocada por conflictos traumáticos. Por ello, sus miembros poseen sentimientos de lealtad hacia el país de origen, un anhelo de retorno y una suerte de resistencia a la asimilación completa en los lugares de destino que permite la producción y reproducción de un grupo que se autopercibe y se organiza como una comunidad. 

Desde esta perspectiva, hablar de diáspora venezolana tiene sentido. El colapso sistemático del país transformó los flujos migratorios en movilidad forzada, y generó una narrativa atravesada por los sentimientos de injusticia, nostalgia y dolor. Pero más allá de que la diáspora venezolana se configure como una “comunidad moral”, también debe alcanzar una cierta organización que se movilice en distintos ámbitos de intereses nacionales. Y es justamente sobre este ámbito organizativo y/o de gobernanza que la diáspora venezolana se encuentra frente a varias dificultades.

Por otro lado, la agresividad de la emergencia humanitaria compleja determinó los contextos de ese desplazamiento. Planificar los proyectos migratorios ha sido un privilegio de pocos.

En solo una década, un cuarto de la población venezolana ha abandonado el país. Esto es una novedad histórica. A diferencia de otros países latinoamericanos, Venezuela había estado acostumbrada a recibir inmigración, pero no a que su población se viera en la necesidad de marchar, y mucho menos de manera forzada. Nuestro éxodo se produce violentamente y sin una red de apoyo que contribuya a hacer menos dura la llegada a los países de acogida y la posterior adaptación. Esto ha hecho que las personas migren a distintos destinos, a la medida de sus posibilidades. Existe pues, una considerable dispersión geográfica de venezolanos por los distintos continentes, lo que ha causado que en el interior de una misma familia (extendida o nuclear) sus miembros estén regados por distintos lugares del mundo. 

Por otro lado, la agresividad de la emergencia humanitaria compleja determinó los contextos de ese desplazamiento. Planificar los proyectos migratorios ha sido un privilegio de pocos. Esto ha implicado que millones de personas se desplacen sin documentos en regla, sin recursos, e incluso sin proyectos vitales que ordenen sus trayectorias. 

Ambos aspectos dan lugar a una “diáspora dispersa”, fenómeno que resalta las dificultades logísticas que implica el reto de que nuestras familias y comunidades se organicen desde los países donde se encuentran y sortear las distancias que nos separa. La migración cubana se concentra principalmente en los EE.UU. y algo similar ocurre con la migración india en Reino Unido, hecho que les ha permitido tener una particular solidez en la defensa de sus intereses.  

En cambio, nuestro caso nos enfrenta con que, mientras más dispersos estemos por el mundo y mientras más precarias sean las condiciones de vida en los lugares de destino, será más difícil contar con tiempo, energía y herramientas para configurar una comunidad organizada.  

La afición negacionista del Estado venezolano 

El Estado venezolano ha negado sistemáticamente la emergencia humanitaria y el éxodo masivo. Esta postura, más allá de ahondar en el sufrimiento social de la población, tiene un impacto directo en la gestión administrativa que regula las (in)movilidades; gestiona la precariedad de las condiciones en las que se migra; y finalmente, produce bloqueos en los mecanismos de circulación de recursos entre la población que se encuentra afuera y dentro de Venezuela. 

El Estado no ha respondido a las exigencias de adquisición de documentos de identidad: cédulas o pasaportes, partidas de nacimiento, de residencia, de estado civil; documentos educativos: certificados de notas, títulos, antecedentes penales y procedimientos de apostilla. Los tiempos de espera para tramitar la expedición/renovación de un pasaporte venezolano puede tomar más de 16 meses. El coste de obtención de un pasaporte es de 350 euros y si es tramitado desde fuera del país, se realiza un cobro adicional, en efectivo, de 120 euros con motivos de “aranceles consulares”, sumando un total de 470 euros. Todas estas condiciones burocráticas: ralentización de procesos, silencios administrativos y alto coste, es una clara evidencia de mecanismos para detener o precarizar los flujos migratorios de venezolanos y de dificultar la vida legal en los lugares de destino, que debilita al cuerpo de la diáspora.

…los Estados autoritarios suelen identificar en las diásporas su potencialidad transformadora y por lo tanto las reconocen como una suerte de amenaza a su sostenibilidad política.

A pesar del viraje en sus políticas económicas con que el Estado venezolano ha facilitado la circulación de divisas extranjeras en el territorio nacional, sigue existiendo una serie de complicaciones para que fluyan recursos entre las personas que están dentro y fuera del país. Algo tan sencillo como una transferencia de un banco internacional a uno nacional aún no es posible, lo que hace que las ayudas transnacionales sufran bloqueos, limitando las posibilidades de co-desarrollo de la diáspora.  

Por otro lado, tal y como lo explica Camila Orjuela en uno de sus artículos, los Estados autoritarios suelen identificar en las diásporas su potencialidad transformadora y por lo tanto las reconocen como una suerte de amenaza a su sostenibilidad política. El ejemplo más evidente en el caso venezolano pudo verse en los esfuerzos que condujeron a que solo el 1% de la diáspora pudiera participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.  

El compromiso necesario

Otras diásporas nos enseñan que la movilización y la protesta en distintos lugares del mundo, por pequeñas que sean, dan visibilidad y educan a los habitantes del mundo sobre lo que acontece en los países de origen. Tal fue el caso de los migrantes ruandeses, cuyas manifestaciones sentaron un precedente a nivel internacional al visibilizar la búsqueda de justicia luego del genocidio de 1994. Su movilización a nivel legal obligó a que países del mundo colaboraran en las investigaciones en la búsqueda de los responsables del genocidio fugados al exterior. Esta misma lucha hizo posible que se enjuiciaran a genocidas fugados en países europeos, tal y como fue el caso del juicio de Claver Berinkindi, hallado culpable de genocidio en un tribunal de Estocolmo en 2016. Este fue un hito particularmente celebrado por la diáspora que exigía que no se extraditara el acusado a Ruanda, ya que no existían garantías de que se celebrase allá un juicio justo. Y en su lugar, la justicia sueca se vio involucrada, a propósito de la doble ciudadanía del acusado. 

Otro ejemplo es el de la diáspora esrilanquesa, que en 2010 organizó una serie de tribunales populares en Dublín, declarando culpable al gobierno de Sri Lanka por crímenes de guerra y de lesa humanidad contra la minoría tamil durante el conflicto civil de 1983-2009. A pesar de que estos tribunales no tuvieron peso legal, han tenido un gran peso simbólico ya que lograron dar visibilidad a la lucha política transnacional por conseguir justicia, señaló a los responsables y resaltó las múltiples alternativas sobre el alcance que puede llegar a tener el trabajo de la diáspora. 

Estos ejemplos nos deben hacer entender que nuestros esfuerzos no son pocos ni en vano. A pesar de las amplias dificultades y del poco tiempo en que los venezolanos hemos vivido fuera de nuestro país, es posible identificar una movilización social comprometida con el país de origen, sus connacionales y sus proyectos identitarios. Por un lado, el asociacionismo migrante brinda múltiples herramientas para generar cada vez más redes de apoyo en los procesos de integración sociocultural en los lugares de destino.

Individual y grupalmente se establecen mecanismos de ayuda a personas en el lugar de origen a través de remesas, medicinas, alimentos, etc., haciendo circular recursos y contribuyendo en la sostenibilidad de la vida y la reproducción social. Y finalmente, la diáspora también se hace presente en la organización orientada por un cambio político en Venezuela bajo la inquietud de restablecer la democracia, demandar justicia y reparación, generando así, futuros posibles que ofrecen la posibilidad de retorno. Un ejemplo que no podemos pasar por alto, es el compromiso que la diáspora venezolana mostró luego del 28 de julio en las protestas que ocurrieron a lo largo y ancho del mundo buscando reconocer los resultados de las elecciones presidenciales, así como también en la denuncia de la represión postelectoral.  

Las vocaciones humanitarias de los países receptores de nuestra migración se han ido agotando con el tiempo y en lugar de dar protección a la población desplazada, empiezan a brotar discursos y acciones que criminalizan a la población venezolana. Un claro ejemplo es la administración de Donald Trump que, a principios de 2025 eliminó el Estatus de Protección Temporal (TPS). Pero las distintas organizaciones de venezolanos en Estados Unidos se han movilizado social y legalmente para buscar resarcir dichas medidas. Como resultado, no podemos desestimar que estas acciones hayan contribuido a que un juez de California ordenara al gobierno posponer la eliminación del TPS por al menos 18 meses. 

En este sentido, la organización de la diáspora debe continuar y mantener muy presente su relevancia: construir redes, hacer circular la solidaridad, luchar por los derechos humanos y sostener una presencia política activa en el mundo.