Caracas Chronicles

Investigador del Instituto de Ciencias Penales y Coordinador de la Especialización en Ciencias Penales y Criminológicas de la UCV, director del Monitor del Uso de la Fuerza Letal en Venezuela (MUFLVEN), Keymer Ávila lleva años dedicado a entender y documentar cómo la violencia de Estado que en Venezuela han ejercido las OLP y las FAES es una guerra contra los más vulnerables disfrazada de política de seguridad. En esta entrevista, partiendo de que se trata de países muy distintos, evalúa cuánto se parece esa historia a la que hoy está llevando a venezolanos encadenados desde EEUU a cárceles de máxima seguridad en El Salvador y Cuba.

La construcción del extranjero como enemigo interno ha servido muchas veces para reunir el apoyo de la gente y justificar políticas propias de un estado de guerra o de excepción. En Venezuela, Maduro y figuras como Néstor Reverol (ministro de Interior entre 2016 y 2020) situaron al paramilitar colombiano como un enemigo público para justificar los excesos de la OLP. Trump está usando al migrante venezolano, de escasos recursos y aún poco integrado, como chivo expiatorio para activar una serie de leyes de mano dura, como la Ley de Enemigos Extranjeros y la Ley Laken Riley. Su gobierno no dedica mucho tiempo a explicarle al público cómo funciona el Tren de Aragua, pero sí a darle una dimensión de política internacional al problema migratorio, e insinuar que está en guerra con los venezolanos. Cuidando las distancias en cuanto a las circunstancias de cada país, ¿de qué otras formas crees que se parecen las políticas de mano dura de Trump y las de Nicolás Maduro?

Estas comparaciones en ocasiones no contribuyen a un debate público informado porque se trata de dos países, con contextos y devenires históricos muy distintos. No obstante, a pesar de las claras diferencias, se pueden observar algunos rasgos comunes en esta lógica de “mano dura” y de construcción de enemigos. El primero y fundamental es el ejercicio del poder sin límites, un severo retroceso para los derechos de la ciudadanía en general y un avance hacia la consolidación de Estados cada vez más autoritarios, donde las personas son más vulnerables ante las arbitrariedades del poder estatal. Se impone el estado de excepción permanente, la lógica bélica, donde los derechos se suspenden para luchar contra un mal absoluto: la inseguridad, la delincuencia, las drogas, el comunismo, el socialismo, el capitalismo, el imperialismo, el terrorismo o las invasiones alienígenas, cualquier comodín que se le ocurra al líder de turno.

El segundo es el posicionamiento de la seguridad como centro de la agenda mediática y política. En nombre de la seguridad del Estado, es decir, de la coalición gobernante, sacrifican los derechos de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables. El tercero: los pobres, en sus distintas variedades, no son sujetos de derechos, sino objetivos de las políticas securitarias. Son los que tienen menor poder de reclamo social, político y mediático. Los costos de la violación de sus derechos son mínimos. Por eso pueden ser instrumentalizados según las necesidades coyunturales de quienes ejercen el poder, incluso, tal como está sucediendo en este caso, son mercancías, fichas, objeto de intercambio y hasta de negocios.

El cuarto rasgo común es que la seguridad de la ciudadanía no es el objetivo real, es solo la excusa, es la campaña propagandística para encubrir problemas más estructurales como la economía, la pobreza, o diversas crisis de legitimidad.

En ambos países se ve respaldo a estas políticas en distintos sectores de la sociedad y el espectro político. Unos 46 representantes demócratas apoyaron la aprobación de la Ley Laken Riley este año. En Venezuela ha habido apoyo a los operativos militarizados para acabar con el hampa desde los sectores populares hasta la clase alta, sabiendo el costo que eso significa y el desprecio a la vida que refleja. Antes, la Ley de Vagos y Maleantes estuvo vigente 58 años. ¿Por qué persiste la simpatía por estas políticas tanto en Venezuela como Estados Unidos?

El Estado moderno descansa en el monopolio del uso de la fuerza legítima y en su debida administración; esto es así desde las primeras elaboraciones teóricas de Hobbes hasta Weber. Y en el Estado de Derecho se debe hacer uso de la fuerza sólo para proteger derechos concretos de las personas, para lo cual debe existir un riesgo real que esa fuerza debe neutralizar en el marco de la ley. El Estado debe contener la violencia y reservarse su uso exclusivo para proteger a sus ciudadanos, en especial a los más vulnerables. Mal puede el Estado ser el generador, promotor y potenciador de la violencia, mucho menos del terror. Si esto es así, está ejerciendo mal su rol y desdibujando su razón de ser. A menos que lo que se quiera es volver al Estado Absoluto, cuando las lógicas eran otras. 

Desde lo jurídico, los derechos fundamentales de las personas, en especial los que tienen que ver con su vida, integridad personal y libertad ambulatoria, no pueden ser sometidos a consulta popular ni reducirse por complacer a las mayorías o al público de las redes sociales. Cuando se comete un delito, el más fuerte en esa situación es el delincuente y el más débil es la víctima, y el Derecho Penal interviene para proteger a esta última. Pero también debe proteger a ese victimario de las fuerzas solidarias con la víctima, que serán más fuertes que él: el Estado, las fuerzas de seguridad, sectores de la propia sociedad, etc. De esta manera, busca tanto la prevención de delitos como la prevención de penas arbitrarias o desproporcionadas. Unos tribunales autónomos, independientes y fuertes son imprescindibles para contener el ejercicio del Poder Ejecutivo.

Desde lo político, con la figura de un chivo expiatorio se busca la cohesión social, la unidad de la población contra un enemigo común en tiempos de crisis. Se polariza entre el “nosotros”—la gente decente—y los “otros”—los enemigos: los que tenemos derechos y los que no. Lo peor del caso es el consenso autoritario que se forma: esas políticas promovidas por las élites terminan aplaudidas por quienes las van a padecer. 

La gente aplaude estas acciones desde las pulsiones negativas. En Venezuela he conocido a doñitas muy dulces que cuando ven las noticias de sucesos dicen, apretando el puño, “hay que matarlos”, pero cuando vieron el video de una ejecución extrajudicial que se hizo viral cambiaron de parecer. Dicen “hay que meterlos presos a toditos”, “todos esos son del Tren de Aragua, hay que darles sin contemplación”, “que los deporten”, hasta que le tocan a un hijo, a un sobrino, al marido, al vecino o a algún conocido. Sería interesante hacer mediciones entre los sectores populares sobre estos temas, pero por los resultados electorales que sacó el gobierno dudo que de allí surjan actualmente apoyos a esas políticas.

El gobierno de Maduro está recibiendo a los deportados como héroes y situando a los venezolanos presos en El Salvador como mártires de las medidas de EEUU contra Venezuela y los venezolanos. ¿Crees que este discurso victimista puede servirle de algo al régimen?

Estamos ante tres gobiernos autoritarios que no respetan su propia legislación ni tienen contenciones institucionales, que no tienen credibilidad y que usan el populismo punitivo. Cada uno está haciendo propaganda a su conveniencia, comerciando con el dolor, la integridad, la libertad y la vida de las personas. Lo otro que está muy presente es el doble rasero: si lo hace la figura de mi preferencia está bien y lo justifico, si lo hace el partido que adverso está muy mal y lo condeno. Y esto no se trata de posiciones partidistas o ideológicas, es un tema de principios y de derechos humanos básicos, que no son negociables. Se trata de una deportación masiva, contraria al derecho internacional, de migrantes que habían huido de su país de origen. Incluso la vuelta a Venezuela es cuestionable en virtud del “principio de no devolución”. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. Son acciones totalmente discriminatorias y estigmatizantes que atentan contra los derechos fundamentales de los migrantes venezolanos, cuya mayoría está buscando protección, refugio y estabilidad.

Algunas personas piensan que la propaganda del miedo y el abuso policial sirven para hacer estas políticas más efectivas, y que en consecuencia la gente se auto-deporte o se aleje de la criminalidad. ¿Cómo se puede combatir mejor a estas ideas y modelos?

Estas políticas son efectivas sólo para construir y consolidar sistemas autoritarios, a través de una progresiva y agresiva merma de los derechos de la ciudadanía. Hay que luchar por nuestras libertades. Los derechos no son concesiones graciosas del poder, los derechos se ganan, se conquistan, se defienden. Donde hay opresión hay también resistencia.

¿Qué podemos esperar de lo que pase con los delincuentes devueltos a Venezuela, con la actual situación de seguridad en las cárceles?

No te puedo hablar del futuro, pero la pregunta en sí misma reafirma la tesis de los gobiernos estadounidense y salvadoreño. La Escuela de Chicago comprobó hace ya casi un siglo que la delincuencia no se desplazaba con los grupos de migrantes, sino que se mantenía en los mismos lugares donde había falta de oportunidades para una vida lícita y para la integración. Por otro lado, sin estadísticas oficiales en Venezuela afirmar que los casos aumentan o disminuyen es muy difícil. A todo evento, lo que parece que estamos viviendo en estos tiempos es que la inseguridad de las personas la están generando los propios Estados.