Caracas Chronicles

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Puntos clave del reporte detallado del Centro Carter

El Centro Carter publicó esta semana su reporte final sobre las elecciones del 28 de julio, casi siete meses después del fraude de Maduro y en un momento donde un sector de la oposición se preparan para postular candidatos en unas mega-elecciones que serán a finales de mayo. El Centro Carter ya había sido enfático desconociendo los resultados anunciados por Amoroso: las presidenciales no cumplieron con estándares democráticos. Jennie Lincoln, la jefa de la misión en Venezuela, incluso apareció en público mostrando ejemplares de actas oficiales como la indicación más clara de que Edmundo González ganó las elecciones.

Esto será probablemente lo último que veremos del Centro Carter sobre Venezuela en mucho tiempo. El reporte es tan lapidario como integral, describiendo irregularidades y abusos del gobierno durante la campaña, el operativo de registro de electores y candidatos, el día de la elección y la enorme escalada represiva que continuó después.

A continuación, algunos datos frescos para seguir armando el rompecabezas de cómo funcionan los procesos electorales en Venezuela.

• Habiendo mantenido contacto constante con el personal del CNE, con técnicos familiarizados y con auditores del sistema electoral, el Centro Carter reveló que solo tres personas dentro de la autoridad electoral—los integrantes de la Junta Nacional Electoral (JNE)—pueden ver los resultados a través de un dashboard independiente del sistema automatizado llamado Certeza. La JNE, encabezada por el rector Carlos Quintero, también cuenta con otro módulo llamado Forecast que notifica el momento cuando el resultado global de una elección se convierte en irreversible. Esto confirmaría lo que escribimos en Anatomía de un fraude: solo Quintero, Amoroso y quizás otra persona con acceso privilegiado pueden conocer los resultados oficiales. Ni los otros rectores oficialistas están en capacidad de emitir boletines.
• En la antesala al 28 de julio, El Centro Carter tuvo total libertad en revisar la infraestructura y tecnología electoral (y antes pudieron hacerlo otros técnicos en representación del chavismo y la oposición), en un clima de total colaboración y no confrontación con el personal de ExCle y del CNE, donde todas las preguntas se respondían “de forma transparente y comunicativa.” Sin embargo, tal relación de colaboración y transparencia entre el Estado y los observadores se vino abajo justo después de que Amoroso anunciara unos resultados sin respaldo, y el CNE cancelara las tres auditorías post-electorales que estaban pautadas. 
• El Centro Carter se desplegó en 55 centros de votación en Barinas, Caracas, Maracaibo y Valencia, y observó una votación bastante fluida el 28 de julio en esos sitios. Aun así, miembros de los puntos rojos del PSUV admitían abiertamente a los observadores en distintas localidades que su función era monitorear y registrar quién votaba y quién no. Estos comportamientos eran aún más pronunciados en centros de votación habilitados por primera vez para esta elección (como en sedes de comunas, edificios de Misión Vivienda y organizaciones sociales del PSUV) donde había una relación estrecha entre el coordinador de centro y los puntos rojos.

Así es el conflicto entre indígenas y mineros en Manapiare, Amazonas

Runrunes reportó que el Estado venezolano está mediando con comunidades Yekuana y Sanema en la localidad de Santa Rosa de Tencua (municipio Manapiare del estado Amazonas) luego de que mineros ilegales atacaran un asentamiento Yekuana el 22 de enero. Como se observa en un video, los mineros habrían quemado casas, una churuata comunal y embarcaciones, no sin antes agredir a miembros de la comunidad y una mujer embarazada. La arremetida fue en respuesta a una “acción coordinada” de unos 90 indígenas y organizaciones locales para expulsar a los mineros del río Paru, donde destruyeron “cinco máquinas de extracción de oro, evitando confrontaciones directas” según apunta el Programa de Promoción de Derechos Indígenas Wayamoutheri en Instagram.

Después de dos días donde representantes indígenas discutieron medidas de protección con la gobernación de Amazonas, el Ministerio de Pueblos Indígenas, y la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas, Runrunes señala que finalmente se llegó a un acuerdo que prioriza un “plan de vida del pueblo Yekuana y Sanema del Medio y Alto Ventuari,”—aunque las organizaciones locales no ofrecieron más detalles.

Más información: Los representantes indígenas dicen que denunciaron la presencia de mineros múltiples veces sin obtener respuesta del Ministerio Público y las FANB. SOS Orinoco señala que el patrón de silencio existe desde 2013, cuando ingresaron grupos armados desde Colombia al municipio Autana de Amazonas y se intensificó la actividad ilegal en el estado.

Situación límite en la Embajada argentina en Caracas

Los colaboradores de Vente Venezuela refugiados en la Embajada argentina han sido víctimas de un sitio focalizado que entró a su fase más crítica esta semana. La planta eléctrica que les servía como única fuente de energía colapsó, dejando sin agua, luz y conexión a internet a Magalli Meda, Pedro Urruchurtu, Humberto Villalobos y Omar González, personas del entorno cercano de María Corina Machado. Desde hace meses se encuentran rodeados por fuerzas de seguridad del Estado y, recientemente, funcionarios robaron tres fusibles que alimentan de corriente a la planta generadora. Tampoco tienen agua potable, reportó El Pitazo.

¿Por qué importa? Eugenia Olavarría, hija de Magalli Meda (número dos de Machado en la tolda azul) dijo el viernes a la prensa que su madre y los otros cuatro asilados están a momentos de quedar totalmente incomunicados. Tampoco tienen cómo refrigerar los pocos alimentos que hay en la embajada. El régimen está ejerciendo la mayor presión posible para que los cinco salgan de allí y se entreguen a la policía.

“Brasil [custodio de la Embajada desde agosto de 2024] o Argentina tienen que establecer una fecha para que ellos puedan salir con salvoconductos,” dijo Olavarría. “Hay hombres armados y encapuchados afuera de la embajada. No hay seguridad alguna de que ellos puedan salir de Venezuela.”

La situación para los cinco de Vente Venezuela comenzó el 20 de marzo de 2024, cuando Tarek William Saab emitió órdenes de aprehensión contra los asilados y otros militantes que no pudieron esconderse a tiempo. Henry Alviarez y Dignora Hernández, dirigentes de Vente Venezuela, fueron arrestados ese mismo día, dando inicio a la arremetida de Maduro contra los cuadros políticos de Vente Venezuela cuando comenzaban las postulaciones y la campaña electoral hacia el 28 de julio.

Lecturas recomendadas:

• Tal Cual: El 40% de los médicos han salido de Venezuela según la Academia Nacional de Medina. En enfermería, 70% del personal ha salido del país o ha emigrado al sector privado.
• Efecto Cocuyo: El sector blando de Primero Justicia, encabezado por Henrique Capriles y Tomás Guanipa, anunció que participará en las megaelecciones ahora pautadas para el 25 de mayo de 2025. La dirigencia del partido señaló el sábado que Capriles y Guanipa “se separan de la Unidad y Primero Justicia”.
• Crónica Uno: Cuatro aspectos de la reforma constitucional que impulsa Nicolás Maduro, abarcando unos 80 artículos de la constitución promulgada por el chavismo originario en 1999.
• El Nacional: Fedecámaras advierte sobre un crecimiento económico conservador en 2025 debido a un inicio de año lento.