Caracas Chronicles

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Sin dejar de contarles qué está pasando en Venezuela, esta semana vamos a desviarnos un poco del tipo de eventos y acontecimientos en desarrollo que suele cubrir este despacho. Esta vez ponemos el ojo en la batería de medias verdades y desinformación que desde el nuevo gobierno de Estados Unidos busca convencer a cierta audiencia ingenua de que las cosas han mejorado en Venezuela, de que “hay mejoras notables” en materia económica, de seguridad y de salud pública, y que por ello los venezolanos que sean deportados podrán regresar tranquilos, como dice el Departamento de Seguridad Nacional en el escrito que revoca el Estatus de Protección Temporal para 348 mil venezolanos sin proporcionar datos o citar fuentes de ningún tipo.

A continuación, vamos a desmenuzar varios informes recientes sobre el desempeño de la fuerza pública, del sistema de salud y de la economía venezolana para entender dónde hemos estado parados desde antes de las elecciones del 28 de julio, cuando Donald Trump ya decía que Venezuela y Caracas en particular eran lugares seguros donde “dejaría que lo entrevisten”.

¿Qué tan violenta es Venezuela hoy en día?

En este momento no existe organismo que pueda ofrecer datos confiables sobre el total de muertes violentas en Venezuela. El director del CICPC dice que en 2023 hubo 4,1 homicidios por cada 100 mil habitantes—la tasa nacional de Estados Unidos es de 5,8. El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV)—cuya metodología ha sido refutada por Dorothy Kronick en este blog—dice que la tasa real es de 26,8 asesinatos. Por lo pronto nos guiaremos por el Monitor de Víctimas, que registra homicidios y sus causas en cinco entidades de Venezuela: la Zona Metropolitana de Caracas, y los estados Zulia, Lara, Táchira y Sucre. 

La data del Monitor de Víctimas confirma que el número de asesinatos ha venido bajando desde los años más violentos de Venezuela (2015-2017), cuando la tasa de muertes violentas oscilaba entre 70 y 60. Pero en su muestra de 2023, que registra 618 casos, la violencia policial aparece como la principal causa de los homicidios: funcionarios de seguridad del Estado mataron a al menos 151 personas. Por supuesto, esto no es ninguna novedad. El 37% de los asesinatos que registró el Monitor de Víctimas en sus primeros cinco años de existencia (2017-2022) fueron cometidos por agentes del Estado. Entre los años 2020 y 2022, Venezuela reportó el índice letalidad policial más alto de la región según otra organización, el Monitor de Uso de Fuerza Letal en América Latina y el Caribe: a nivel nacional, entre 21 y 25% de las muertes violentas constituyen ejecuciones extrajudiciales cometidas por funcionarios.

El último informe del Monitor de Víctimas ofrece detalles y diferencias por región. En la Gran Caracas, Zulia y Lara—que tienen 3 de las 4 ciudades principales del país—las fuerzas del Estado fueron responsables respectivamente de 36,1%, 53,3% y 27,6% de los homicidios. Esto significa que, en Zulia, más de la mitad de los asesinatos fueron cometidos por la policía (con una tasa bien superior al promedio nacional). En Caracas, más de un tercio de las muertes violentas son responsabilidad del Estado.

¿Cómo interpretamos esto? Pues sí, los homicidios en Venezuela han disminuido, pero a pesar de eso, las fuerzas del Estado mantienen las mismas prácticas letales de la década pasada, cuando operaban el FAES y las OLP. Aunque hoy hay menos ejecuciones extrajudiciales que en las épocas de guerras contra los barrios, la policía sigue dejando un saldo de muertes alarmante. Para 2022, los asesinatos extrajudiciales habían caído un 72% respecto a 2019, pero el índice de letalidad por intervención policial llegó a su punto más alto según MUFLVEN, la iniciativa local que monitorea el uso de la fuerza pública.

¿Y después el 28 de julio? Desde las protestas contra el fraude electoral de Maduro, la policía se ha vuelto aún más predatoria y arbitraria, no solo contra activistas y dirigentes políticos, sino también contra ciudadanos comunes cuyas familias son extorsionadas en el marco de detenciones arbitrarias. Algunos datos recientes reflejan esta escalada represiva:

• Foro Penal (2025): Actualmente hay 1.192 presos políticos en Venezuela, un aumento del 77% en comparación con abril de 2024. De ellos, 51 permanecen desaparecidos, sin que se conozca su lugar de detención.
• Monitor de Víctimas (2025): Ocho de cada diez caraqueños sienten miedo al pasar por una alcabala, según un estudio. Además, un tercio de los encuestados presenta síntomas de estrés postraumático, y la mayoría toma precauciones digitales, como el uso de VPN, evitar hablar de política y borrar con frecuencia chats y fotos de sus teléfonos.

¿La economía está mejorando?

Venezuela creció un 4% en 2024 y acumula un crecimiento del 12-14% desde 2022, cuando terminó un colapso económico que se prolongó por ocho años y redujo el tamaño de la economía en un 80%. Para volver al punto donde comenzó esa caída, el país tendría que crecer un 400%, o mantener un ritmo del 19% anual hasta 2044, según el economista Omar Zambrano.

La pobreza tampoco ha disminuido significativamente en comparación con los peores años de la crisis. Según una encuesta de Equilibrium de abril de 2023, el 80% de los venezolanos gana menos de $200 al mes, y solo el 2% percibe $550 o más. En el sector público, el salario mínimo ronda los $130, sumando un sueldo base de $2,40 y los bonos del gobierno.

Mientras tanto, la moneda sigue perdiendo valor. Según el Banco Central de Venezuela (BCV), el bolívar se devaluó un 30,9% en 2023, pasando de 35,9 a 60 Bs por dólar. El tipo de cambio es mayor en el mercado negro, alcanzando los 72 Bs por dólar. Esta creciente brecha cambiaria ha reducido la circulación de divisas: para diciembre de 2024, sólo el 24,7% de las transacciones en el país se realizaban en moneda extranjera, según Ecoanalítica. En Caracas, el 90% de los pagos se están haciendo en bolívares.

Otro indicador clave de la salud económica es el acceso al crédito. Según la firma Aristimuño Herrera y Asociados, Venezuela tiene la cartera de créditos más pequeña de Latinoamérica, a pesar de un crecimiento importante el año pasado. Incluso la banca en Nicaragua otorga más préstamos que la venezolana. Esta falta de financiamiento representa un obstáculo crítico para el sector productivo. En 2024, la superficie de hectáreas sembradas para producir alimentos se redujo un 43% según Fedeagro. El gremio de productores advierte que suelen recibir pagos en bolívares y con retrasos, lo que agrava las pérdidas y dificulta la planificación.

¿Y el sistema de salud?

El propio Servicio de Investigación del Congreso de EE.UU. aún reconoce que el sistema de salud venezolano ha colapsado. Desde 2016, el Ministerio de Salud no publica boletines sobre enfermedades activas en el país.

El desabastecimiento sigue siendo alarmante. Según el último informe semi-anual de la Encuesta Nacional de Hospitales (2023):

• 30% de los hospitales no tuvo inhaladores para el asma en todo el año, 46% tuvo acceso intermitente y solo 25% contó con ellos de forma continua.
• Solo 35% de los hospitales tuvo acceso constante a medicamentos para la hipertensión, y apenas 33% contó con insulina durante todo el año.
• El índice nacional de desabastecimiento de insumos de emergencia es del 36%, con una crisis aún más grave en las regiones más alejadas de Caracas. Los centros de salud en Carabobo (75%) y Amazonas (65%) presentan la mayor escasez del país.
•  47% de los hospitales no tiene fórmula para lactantes. Solo 21% reportó contar con ella todos los días del año.
• Solo 26% de los hospitales ofrecen tres comidas diarias a sus pacientes; en el resto, dependen de los alimentos que puedan llevar sus familiares.