Caracas Chronicles

La reciente decisión de la administración estadounidense de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela ha generado un amplio debate sobre sus fundamentos y posibles consecuencias. Si bien la administración de Donald Trump ha justificado esta medida con base en el “interés nacional”, una revisión crítica de sus argumentos revela una preocupante ausencia de sustento empírico y un enfoque que parece más político que humanitario.

Uno de los pilares de esta decisión es la supuesta relación entre migración y seguridad, un argumento que se ha convertido en un recurso retórico del Presidente Trump desde la campaña, pero que carece de estudios concluyentes que lo respalden. 

La criminalización de las personas migrantes, sin evidencia que demuestre que representan una amenaza, refuerza la xenofobia y desinforma a la opinión pública. Por el contrario, estudios como los del Migration Policy Institute demuestran que en los EE UU las personas migrantes cometen delitos a tasas más bajas que la población nacida en el país. Datos del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos también muestran que el 84,7% de la población penitenciaria es de nacionalidad estadounidense, y los migrantes venezolanos ni siquiera figuran entre las primeras cuatro nacionalidades en centros penitenciarios. 

Además, obtener el TPS exige ciertos requisitos en materia de seguridad, por ejemplo, quienes hayan sido condenados por algún delito grave o por dos o más delitos menores cometidos en Estados Unidos no pueden aplicar al mecanismo, razón por la cual es bastante difícil que un delincuente pueda ser beneficiario de esta figura.

La falsa narrativa de “mejoras notables” en Venezuela

La justificación de la revocación del TPS sostiene que ha habido una “mejora notable” en Venezuela en aspectos clave como la salud, la economía y la seguridad. Esta afirmación contradice informes independientes y testimonios de migrantes que siguen huyendo del país debido a la precariedad de las condiciones de vida. La crisis humanitaria en Venezuela persiste y, aunque pueden existir avances puntuales, no hay indicadores sólidos que justifiquen afirmar que las causas estructurales de la migración han desaparecido y que, por lo tanto, Venezuela sea un país seguro para la deportación de sus ciudadanos.

Además, según la Misión Internacional Independiente sobre Venezuela de las Naciones Unidas, antes, durante y después de las fraudulentas elecciones presidenciales de julio de 2024, el gobierno venezolano, las fuerzas de seguridad y grupos civiles armados pro-Maduro han cometido numerosas y cada vez más graves violaciones y crímenes, “siguiendo la misma línea de conducta previamente calificada por la Misión como crímenes de lesa humanidad”. Aunque algunos presos políticos han sido liberados, más de 1.600 personas continúan encarceladas por su oposición a la dictadura venezolana, en el marco de lo que se ha calificado como terrorismo de Estado.

En este contexto, la decisión de finalizar el TPS parece responder más a consideraciones políticas que a un análisis objetivo de la situación. Poner por encima un concepto abstracto de “interés nacional” sin pruebas que demuestren que la migración lo amenaza, y sin reconocer la continuidad de la crisis venezolana, no solo es un error en términos de política migratoria, sino que también representa un revés para los principios humanitarios que deberían guiar estas decisiones.

El mito del costo económico y la “temporalidad” del TPS

Otro argumento esgrimido para justificar la culminación del TPS es el supuesto costo económico que representa para Estados Unidos la permanencia de los beneficiarios de este programa. Sin embargo, en la justificación de la revocación del TPS no se ha presentado ninguna evaluación financiera rigurosa que demuestre que los migrantes bajo protección temporal generan una carga insostenible. De hecho, múltiples estudios han demostrado que la población migrante en general contribuye de manera significativa a la economía a través de su participación en el mercado laboral y el pago de impuestos.

A raíz de lo anuncios, la pregunta implícita para otros gobiernos es clara: “Si EE. UU. tiene razones para no proteger a los venezolanos, ¿por qué nosotros deberíamos hacerlo?”

La decisión de revocar el TPS no solo ignora estas contribuciones, sino que también pasa por alto el impacto negativo que tendría la expulsión de miles de trabajadores en sectores clave de la economía estadounidense, como la construcción, la agricultura y los servicios.

Otro de los argumentos que suelen esgrimir quienes defienden la postura de Trump es que el TPS es, por su naturaleza, “temporal” y que las personas deben buscar alternativas más permanentes. Si bien esto es cierto, una de las principales críticas al TPS en Estados Unidos es que si bien registrarse para el mecanismo no impide aplicar a otro tipo de figura de regularización, el TPS no conduce al estatus de residente permanente ni confiere ningún otro estatus migratorio. En este sentido, la “temporalidad” del programa debería mantenerse mientras persistan las razones que motivan la huida en los países de origen, especialmente ante los desafíos que enfrentan los beneficiarios del TPS para acceder a mecanismos más permanentes en Estados Unidos, como ha ocurrido con otras nacionalidades protegidas como los salvadoreños.

La negación de los DDHH a favor de la “seguridad nacional”

La tensión entre los “intereses nacionales”, los derechos de los migrantes consagrados en compromisos internacionales y reflejados en legislaciones nacionales, y el impacto económico positivo de la migración no es un fenómeno nuevo. En ciencias sociales, esta dinámica ha sido descrita como la “paradoja liberal” por James Hollifield. Es decir, el deseo de no proveer derechos a los migrantes, pero querer el impacto positivo de estos en la economía primordialmente con su fuerza de trabajo. 

Si bien los estados receptores han enfrentado este dilema desde hace unas décadas, siempre se intentó defender retóricamente, al menos desde los Estados de Occidente, el respeto de los derechos humanos como base de las democracias liberales. Sin embargo, en el caso de la administración actual, los derechos de los migrantes forzados que podrían ser obligados a regresar a un país como Venezuela—cuyo Estado no garantiza los derechos de sus ciudadanos—han sido completamente ignorados. No existe ningún sonrojo o vergüenza por parte de la administración Trump de afirmar que los intereses de Estados Unidos están por encima de los derechos humanos y la protección a ciudadanos perseguidos y/o que huyen de crisis profundas como la venezolana.

Como diversos estudios lo demuestran, esto solo fortalecerá a las bandas criminales que le ofrecen alternativas peligrosas a migrantes que seguirán saliendo mientras continúen las causas de la emigración en sus países de origen.

Esto es un retroceso histórico viniendo de la primera democracia liberal de la historia. Pone en cuestión el proyecto liberal basado en los derechos humanos, independientemente de su procedencia. A su vez, da una mala señal para las otras democracias liberales del planeta. Esta nueva dinámica de “todo vale” para defender mi Estado, puede ser el comienzo del final de la diplomacia internacional que produjo cierto grado de estabilidad después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora surgirá una competencia entre países que nos recuerda a las dinámicas que llevaron a la Primera Guerra Mundial. 

Implicaciones regionales, globales y para la economía estadounidense

La terminación del TPS para las personas venezolanas no solo impacta a los afectados directos, sino que también tiene implicaciones significativas para la región y la cooperación internacional en materia migratoria. América Latina ya enfrenta un flujo migratorio masivo sin precedentes, con más de 6,7 millones de venezolanos que han buscado refugio en países vecinos como Colombia, Perú, Brasil, Chile y Ecuador. La decisión de Estados Unidos de finalizar el TPS puede agravar esta situación, al aumentar la presión sobre las naciones receptoras y dificultar la gestión humanitaria de los flujos migratorios.

El panorama se complica aún más con el posible cierre de USAID por parte de la nueva administración estadounidense. Esta agencia, clave en la provisión de recursos financieros y humanos para la asistencia humanitaria, el acceso a servicios básicos, la regularización y la integración socioeconómica de migrantes en diversos países de la región, deja un vacío importante en el apoyo a estas poblaciones.

Además, es importante tener en cuenta que no solo se ha revocado el TPS, sino  que también se han congelado otros mecanismos alternativos de protección, como el parole humanitario, lo que reduce significativamente las opciones legales disponibles para que las personas puedan acceder a protección internacional. Como diversos estudios lo demuestran, esto solo fortalecerá a las bandas criminales que le ofrecen alternativas peligrosas a migrantes que seguirán saliendo mientras continúen las causas de la emigración en sus países de origen.

Esta medida también socava la confianza en los compromisos internacionales de protección a refugiados y migrantes forzados. Si un país con los recursos y la infraestructura de Estados Unidos decide retirar estas protecciones, envía un mensaje negativo a otras naciones de América Latina, que, cada vez más, adoptan políticas restrictivas y podrían mostrarse menos dispuestas a ofrecer asilo, flexibilizar los requisitos para acceder a estatuto migratorios legales o procesos de regularización. A raíz de los anuncios, la pregunta implícita para otros gobiernos es clara: “Si EE. UU. tiene razones para no proteger a los venezolanos, ¿por qué nosotros deberíamos hacerlo?”

Desde una perspectiva económica, la expulsión de migrantes con TPS podría tener repercusiones adversas en sectores que dependen de su fuerza laboral. Diversos estudios han demostrado que los migrantes venezolanos han contribuido significativamente al crecimiento económico de los países que los han acogido. Sin embargo, gran parte de este potencial sigue sin aprovecharse debido a la falta de procesos flexibles de regularización migratoria en países de América Latina, lo que ha impedido que miles de personas accedan a empleos formales y a una plena integración en la sociedad. 

Su retorno forzado a una nación en crisis no solo representa una vulneración de sus derechos, sino también una pérdida para las economías que los han integrado y que se benefician de su participación en el mercado laboral.

La sociedad civil en los Estados Unidos ya se está organizando para levantar esta medida en las cortes, pero más allá del ámbito judicial, es crucial que el debate público exija mayor transparencia y rigor en la formulación de políticas que afectan la vida de miles de personas. Una política migratoria basada en evidencias, y no en percepciones infundadas, es fundamental para garantizar justicia y coherencia en la respuesta a las migraciones forzadas. Si usted está siendo afectado por esta medida, manténgase informado con asociaciones que están velando por los intereses de los migrantes como el “Venezuelan American Caucus”.

Defender nuestros derechos no es victimizarnos

En algunas discusiones en redes sociales se argumenta que los venezolanos deben “dejar de victimizarse”, que cada Estado tiene “obligaciones prioritarias con sus ciudadanos” y otros razonamientos que defienden la soberanía de Estados Unidos. 

Si bien es cierto que cada país tiene sus propias normas para ofrecer protección internacional, también existen compromisos internacionales en esta materia que han sido incorporados en las legislaciones nacionales. Defender el respeto a los derechos y las responsabilidades de los estados no es “victimizarse”; por el contrario, es una forma de luchar por regímenes internacionales que permiten la solución de conflictos y la protección de la personas huyendo de guerra, persecución y catástrofes, en vez de un mundo de lobos donde todos nos atacamos entre todos como lo describe Hobbes.

Seguir apostando por la solidaridad es el único camino a un mundo más pacífico. El no respeto a los acuerdos antes firmados por razones de “seguridad nacional” son la primera piedra hacia un camino que sólo terminará en conflictos armados. Hoy son los migrantes, pero mañana podría tocarnos a todos el ataque de un Estado matón y opresor. La historia nos ha demostrado que, cuando prevalece la mentalidad del “sálvese quien pueda”, se cometen los peores crímenes que la humanidad ha presenciado.