Caracas Chronicles

Durante una entrevista con Fox and Friends, la secretaria de Seguridad Nacional recién nombrada por la administración Trump, Kristi Noem, anunció que la decisión de extender el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela había sido anulada. Aproximadamente 600.000 venezolanos podrían verse afectados por esta decisión. Lo que eso implica no es tan sencillo. Aquí trataré de explicar cómo llegamos acá y qué puede pasar después.

¿Dónde comienza todo?

El 8 de marzo de 2021, el anterior secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, designó a Venezuela para el Estatus de Protección Temporal, abriendo la puerta al estatus migratorio y a autorizaciones de trabajo para aproximadamente 300.000 venezolanos. “Las condiciones de vida en Venezuela revelan un país en crisis, incapaz de proteger a sus propios ciudadanos”, dijo Mayorkas en ese momento.

A días de terminar su primer gobierno en enero de 2021, Trump había otorgado a los migrantes venezolanos una protección frágil conocida como Deferred Enforced Departure (DED). El TPS supuso una mejora significativa. El DED puede ser otorgado—y revocado—únicamente por decisión ejecutiva. En cambio, el TPS requiere un proceso legal en el que distintas agencias, incluyendo Seguridad Nacional (o Homeland Security) y el Departamento de Estado, evalúan las condiciones del país. Solo después de concluir que existen riesgos significativos para los ciudadanos de un país si regresan, el secretario de Seguridad Nacional puede designar a ese país para el TPS. Del mismo modo, para cambiar ese estatus, deben seguirse los mismos pasos a la inversa. Es decir, Seguridad Nacional y el Departamento de Estado deben determinar que esas condiciones ya no existen.

Mientras un país siga siendo inseguro para su gente, el TPS puede extenderse por décadas. Honduras y Nicaragua recibieron designaciones en 1999 que siguen vigentes hasta hoy. Durante el primer mandato de Trump, Seguridad Nacional intentó cancelar el TPS para esos y otros países, pero no realizó una evaluación exhaustiva de las condiciones en cada nación. Por ello, una corte federal bloqueó la decisión durante el litigio, manteniendo la protección para los nacionales de esos países.

Tomando en cuenta este precedente, un venezolano aún podría solicitar protección a través del TPS, el cual se concede salvo que el solicitante no sea elegible por antecedentes penales o por estar afiliado a grupos criminales. Y podrían extenderlo mientras las condiciones en Venezuela siguieran siendo inseguras. ¿No?

Olas de migrantes en la frontera sur y la segunda designación

Para 2021, la gran mayoría de los venezolanos en EE.UU. habían llegado en avión y con visado. Muchos se quedaron más allá del tiempo permitido, y miles solicitaron asilo. Luego, empezamos a escuchar más sobre el Darién.

El gobierno de Biden tuvo que lidiar con un número creciente de venezolanos que llegaba por tierra a su frontera sur. Implementaron políticas estrictas para frenar la migración, algunas no muy diferentes—y en algunos casos más duras—que las adoptadas por Trump años antes. Al menos al principio estas medidas no funcionaron.

En octubre de 2022, la administración Biden creó un programa de parole humanitario para venezolanos, que luego se amplió para incluir a cubanos, haitianos y nicaragüenses. El punto era ofrecer una vía alternativa para que los venezolanos ingresaran a EE.UU. sin cruzar la frontera. Para octubre de 2023, cientos de miles de venezolanos habían llegado desde la designación de TPS en marzo de 2021. Mientras se anunciaban restricciones severas al asilo que muchos activistas consideraban ilegales, el secretario Mayorkas concedió una re-designación del TPS, cubriendo a todos los venezolanos elegibles presentes en EE.UU. hasta julio de 2023. En cuestión de meses, el número de venezolanos con solicitudes de TPS se duplicó, y se les concedió protección hasta el 2 de abril de 2025.

“Crimigración”

A mediados de 2024, y con la ayuda de las fuerzas de seguridad mexicanas, los cruces fronterizos bajaron a niveles de 2020. Pero ya era demasiado tarde. Trump y su movimiento habían repetido en todas las plataformas que la frontera estaba abierta y representaba un riesgo para la seguridad nacional. Afirmaban, sin evidencia, que los crímenes violentos habían aumentado y que los recién llegados eran los culpables.

La narrativa era clara: equiparar a los inmigrantes con criminales. En el caso de los venezolanos, el vínculo se hizo con el Tren de Aragua, conocido como TdA. Incluso cuando las historias fueron desmentidas, la etiqueta del TdA siguió repitiéndose sin cesar. Un artículo de Fox News admitía cómo la policía determinaba que alguien era miembro del TdA:

“Chamberlain dijo que las autoridades tienen pocas formas de confirmar que un sospechoso es miembro del TdA, ya que los pandilleros no suelen anunciar su afiliación. ‘Es un verdadero desafío tratar de decir: Epa, estoy 100% seguro de que eres miembro de una banda’, dijo. ‘Pero cuando observas las circunstancias, los eventos, las personas involucradas, la veracidad y la violencia en todo esto, no es exagerado decir que son miembros del TdA’.”

Durante su última campaña presidencial, Trump solo mencionó a Venezuela en relación con la supuesta criminalidad de los migrantes. Los venezolanos en EE.UU., en su mayoría simpatizantes de Trump y críticos de Biden, estuvieron más que dispuestos a impulsar esta narrativa.

Tras la victoria de Trump en noviembre, la narrativa se intensificó. Prometió deportaciones masivas en cifras sin precedentes, a pesar de los obstáculos legales y logísticos.

La anulación de Kristi Noem

El 26 de enero, Kristi Noem asumió como nueva secretaria de Seguridad Nacional, reemplazando a Mayorkas. Apenas tres días después, el 29 de enero, salió en Fox diciendo que la extensión del TPS de Mayorkas quedaba anulada. Noem declaró:

“Antes de irse, Mayorkas firmó una orden para extender esta protección por 18 meses a personas con Estatus de Protección Temporal, lo que significaba que iban a poder quedarse aquí y violar nuestras leyes por otros 18 meses. Y lo frenamos. Hoy firmamos una orden ejecutiva dentro del Departamento de Seguridad Nacional donde nos negamos a continuar yendo en la dirección que Mayorcas quiso, atándonos las manos. Vamos a seguir el proceso de evaluar a todos los individuos en nuestro país, incluyendo a los venezolanos que están aquí y a miembros del TdA. Ayer mismo estuve en Nueva York y la gente de este país quiere que estos desgraciados se vayan…”

El documento que revoca la decisión de Mayorkas, una anulación (vacatur), no menciona al Tren de Aragua. En cambio, alega sin justificación legal sólida que la consolidación de las designaciones de TPS de 2021 y 2023 en una única fecha de expiración significó un “enfoque novedoso” en la materia, y no explica “cómo es consistente con el estatuto de TPS”. Tampoco detalla cómo es inconsistente con el estatuto. Para el primero de febrero, esta decisión estaría lista para una disputa legal.

¿Y ahora qué?

Por ahora, el TPS sigue siendo válido hasta el 10 de septiembre de 2025 para el primer grupo y hasta el 2 de abril de 2025 para el segundo. Se debe tomar una decisión sobre su extensión o revocación al menos 60 días antes de su vencimiento. Es decir, el sábado 1 de febrero, la secretaria Noem debería decidir si extiende o no el TPS para el grupo cuyo estatus expira en abril.

Si no toma una decisión a tiempo, la designación de TPS se extiende automáticamente por seis meses, conforme a la regulación 8 U.S.C. § 1254a(b)(3)(C).

Algunos aún mantienen la esperanza de que, pese a la retórica incendiaria, Noem extienda el TPS por otros 18 meses. Supongo que es posible. Si por el contrario decide dar por terminada la designación de TPS, el Departamento de Seguridad Nacional tiene la obligación legal de demostrar que Venezuela “ya no cumple con las condiciones para la designación”. Y esto debe hacerse en consulta con el Departamento de Estado, dirigido por Marco Rubio. Considerando el poco tiempo disponible, las violaciones de derechos humanos y la crisis humanitaria en Venezuela, justificar la terminación no será tarea fácil.

Defensores y asociaciones comunitarias ya han comenzado a organizarse para un posible escenario de no-extensión. Es bastante probable que el siguiente paso sea un litigio federal. En ese caso, grupos de venezolanos afectados impugnarían la decisión de la administración Trump de que Venezuela ya no cumple con las condiciones para la designación, y un argumento clave de los demandantes sería que tal conclusión es arbitraria y caprichosa.

¿Es posible deportar a los venezolanos de forma masiva?

Mientras un inmigrante esté protegido por el TPS, su deportación sería ilegal. Eso no significa que sea imposible, pero la persona aún contaría con protecciones legales sustanciales. Los beneficiarios del TPS no pueden ser detenidos por su estatus migratorio, pero esto cambia cuando el TPS finaliza. Si los tribunales federales no son capaces de ofrecer protección, el riesgo de detención y deportación se vuelve mucho más inminente. Aún en ese escenario, hay dificultades logísticas importantes.

Aunque no hay datos para determinar los porcentajes, muchos beneficiarios del TPS también tienen una solicitud de asilo pendiente. Otros poseen un estatus migratorio distinto, como F-1 o H-1B. Para quienes tienen un status distinto, perder el TPS no afecta su capacidad de permanecer legalmente en Estados Unidos. En el otro extremo, algunos beneficiarios del TPS ya tienen una orden de deportación emitida por un juez tras perder sus casos de asilo. Las personas en esta situación serían las primeras en ser deportadas.

Quizás el grupo más grande está constituido por aquellos que solo tienen TPS y no tienen órdenes de deportación. Para ellos, la deportación solo sería viable después de un proceso potencialmente largo ante un juez de inmigración, donde podrían solicitar alivio mediante nuevas peticiones como asilo, protección bajo la Convención contra la Tortura o apelando al daño severo que sufriría un hijo de ciudadano estadounidense después haber vivido en EE.UU por más de una década. Sin embargo, estos son recursos legales complejos y dependen completamente de las circunstancias de cada caso.

El mayor obstáculo logístico para deportar a un gran número de venezolanos es que el régimen de Maduro se ha negado a aceptar vuelos de deportación desde mediados de 2019, salvo por un breve período entre octubre de 2023 y enero de 2024 en el marco del Acuerdo de Barbados. Queda por ver cómo la administración Trump podría persuadirlo para que permita nuevamente estos vuelos.

La administración Trump ha propuesto algunas soluciones parciales. En una de ellas, el propio Trump mencionó la posibilidad de trasladar a “criminales” a Guantánamo, la infame base militar estadounidense en Cuba, donde afirma que habrá 30.000 camas disponibles. Sin embargo, la validez constitucional de esa medida será impugnada y, de cualquier manera, una acción así solo cubriría una pequeña fracción de lo que implican “deportaciones masivas”.

Otra opción es deportar venezolanos a un tercer país. Algunos han mencionado El Salvador, gobernado por Nayib Bukele, quien es conocido por el encarcelamiento masivo de personas acusadas de pertenecer a pandillas. Aunque recientes legislaciones locales, tratados internacionales y estándares interamericanos establecen ciertas protecciones, es difícil predecir cómo serían tratados los venezolanos deportados a El Salvador. Pero si son deportados bajo la etiqueta de “pandilleros”, la historia reciente de El Salvador podría darnos pistas.

Aun así, cientos de miles de venezolanos buscarán mecanismos alternativos para quedarse en Estados Unidos, de forma legal o no. La diáspora se verá obligada a organizarse, resistir y luchar por su futuro. Y, al final, los lazos que unen a los millones de migrantes venezolanos podrían resurgir, más evidentes que nunca.