The Local Dispatch es una selección curada de historias desarrolladas por periodistas y medios locales desde el interior de Venezuela. Cuenta los acontecimientos que tienen menos visibilidad en el exterior, pero que muestran la imagen más precisa de lo que realmente sucede dentro. El Dispatch se publica semanalmente.

Jueces de paz: ceremonia de pocas luces en el sistema comunal

El chavismo llamó a la elección de jueces de paz el pasado domingo 15 de diciembre con una ciudadanía que más bien aguarda por la toma de posesión del 10 de enero. Medios afines al régimen de Maduro como Telesur y Últimas Noticias hablan de “participación masiva”, aunque el rector Carlos Quintero ni se molestó en dar cifras de participación. El Pitazo reseñó el desinterés de la gente en Lara, Táchira, Portuguesa y Zulia. Quintero, coautor del fraude electoral del 28 de julio, se limitó a decir que se eligieron 28.486 jueces de paz principales y suplentes. Amoroso no asomó cabeza esta vez.

¿Por qué importa? El ‘juez de paz’, figura que ya existe en la nomenclatura comunal chavista, se encarga teóricamente de resolver disputas “sencillas” entre vecinos que no requieran “conocimiento jurídico” y cuando se busca resolver problemas cuanto antes, como señaló la abogada Nilyan Santana a Crónica Uno. Jorge Rodríguez había dicho que la elección de estos jueces, en unos 5 mil circuitos comunales—espacios político-territoriales que trascienden la jurisdicción de los municipios, y que la mayor parte de la población ni entiende—busca “revitalizar el poder comunal” y “establecer nuevas formas de relaciones económicas” entre la comuna y el barrio.

El elemento clave es que los jueces electos no serían independientes ni nombrados automáticamente. Estos jueces de paz serían formados por la Escuela Nacional de la Magistratura (el órgano educativo del Tribunal Supremo de Justicia) y después aprobados por la Coordinación Nacional de Justicia Comunal del TSJ que encabeza la magistrada Tania D’Amelio, quien encabeza la Sala Constitucional del TSJ y fue rectora del CNE hasta 2022. El proceso de formación iniciaría en enero de 2025.

De esta manera, escribe el profesor Miguel González, “la justicia de paz se integra a un sistema que está pensado hacia arriba, en forma vertical y centralizada”. El texto de la nueva ley de justicia comunal prohibía la postulación de candidatos afiliados a organizaciones civiles como gremios y sindicatos, y de personas que incurran en la “promoción de odio y traición a la patria”.

Más información: Llama la atención que el chavismo insista en lubricar su oxidada estructura comunal cuando el PSUV se encuentra en el peor momento de su historia como organización popular. Sentada junto a Maduro, la magistrada D’Amelio dijo el miércoles que los jueces de paz no deben buscar clientes en las comunidades, sino fomentar el perdón y la paz. 

Canibalización chavista en la Alcaldía de Valencia

El alto mando del PSUV le habría pedido la renuncia a Julio Fuenmayor, alcalde de Valencia, según El Carabobeño. No hay información oficial sobre los motivos. La nota de Carolina García señala que las redes sociales de Fuenmayor y de la Alcaldía han desaparecido. En menos de 48 horas, las autoridades chavistas organizaron una sesión extraordinaria para nombrar a figuras encargadas.

Dina Castillo fue juramentada alcaldesa. Antes fue “autoridad única de turismo” en la gestión de Rafael Lacava. Para supervisar la transición fue designado José Parada, el presidente de Gas Drácula (la compañía que actualmente opera unas 14 gasolineras que PDVSA le cedió a la Gobernación de Carabobo).

Más información: La semana pasada, Bajo La Lupa reportó sobre una supuesta trama de corrupción que parece estar relacionada a la caída de Fuenmayor. Gilberto Ceballos, presidente del Instituto Municipal del Ambiente, tiene una orden de aprehensión dictada por fiscalía. Su hermano, Óscar Ceballos, habría sido detenido por la Policía Nacional.

Desapariciones y detenciones no cesan a días de Nochebuena

Ramón Bejarano, coordinador regional de Vente Venezuela, está desaparecido desde el 17 de diciembre. Tenía pautado una actividad con jubilados y pensionados de la CVG en Puerto Ordaz. Carlos Azuaje, militante de Voluntad Popular en Barinas, fue interceptado por una alcabala cuando viajaba al estado Bolívar. La semana pasada, el SEBIN también se llevó a Édgar Sarabia y Álvaro Mora, dirigentes de Vente Venezuela en Bolívar. Jesús Armas, parte del Comando Con Venezuela, está preso en la sede de la PNB en Caracas. Luis Palocz, dirigente municipal de Vente Venezuela, también está preso y Diosdado Cabello ya lo vincula con “ataques selectivos en Chacao” apoyados por el Tren de Aragua. Nabil Maalouf, alcalde de Cabimas y militante de Un Nuevo Tiempo, también está preso desde el 10 de diciembre.

Lecturas recomendadas:

• La Nación: La demanda de pacientes agobia a un sistema de salud psiquiátrico que no cuenta con suficientes camas, no ofrece sedantes y ansiolíticos, y donde los centros de hospitalización siguen cerrando por falta de dotación.
• Radio Fe y Alegría: En territorio yekuana del estado Amazonas, la acumulación de mercurio en el río Cunucunuma envenena las aguas del Orinoco.
• La Gran Aldea: Rafael Uzcátegui, ex coordinador de PROVEA, dice que el venezolano debe prepararse para el momento más oscuro de su historia.
• Correo del Caroní: Trabajadores de CVG Bauxilum denuncian el inminente colapso de operaciones en las minas de bauxitas en Los Pijiguaos, estado Bolívar.