Caracas Chronicles

A tres meses de las elecciones del 28 de julio, casi ningún país de la comunidad democrática internacional en las Américas reconoce a Nicolás Maduro como presidente electo. Las manifestaciones masivas a nivel nacional contra el fraude electoral han desencadenado una represión sin precedentes en el siglo XXI en Venezuela. Como consecuencia más de 2.400 personas han sido encarceladas por motivos políticos, incluyendo al menos a 70 adolescentes, y al menos 25 personas han sido asesinadas en este escenario de persecución.

En este contexto se ha registrado un incremento en los flujos de venezolanos que ameritan protección internacional. En Brasil, tras las elecciones del 28 de julio, las solicitudes de asilo de venezolanos en la ciudad fronteriza de Pacaraima aumentaron más del 18%, alcanzando 1.933 solo en agosto. Mientras que en Colombia, entre el 28 de julio y 19 de septiembre de 2024 1.693 personas venezolanas han solicitado refugio.

La reacción autoritaria y la migración venezolana

Tras los pronunciamientos de diversos países contra el fraude electoral, el gobierno de Maduro rompió vínculos diplomáticos con países como Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana, Uruguay y El Salvador. Esta decisión llevó al retiro del personal diplomático venezolano y al cierre de más embajadas y consulados, lo que incrementa los ya graves obstáculos para millones de venezolanos en el exterior que necesitan documentos o servicios esenciales.

En paralelo, se cerraron las rutas aéreas directas entre Venezuela y países como República Dominicana, Panamá y Perú, lo que ha encarecido notablemente las pocas que operan todavía, como Caracas-Bogotá. Esta situación agrava las dificultades para los venezolanos que buscan emigrar y/o reencontrarse con sus familias. 

Esta crisis consular tiene un impacto profundo para los millones de venezolanos que han migrado. En Perú residen más de 1,6 millones, mientras que en Estados Unidos hay cerca de 800.000. Otros países como Chile, Ecuador, Argentina, República Dominicana, Panamá, Costa Rica y Uruguay albergan a cientos de miles más. 

Entre los trámites más relevantes que no se podrán realizar están la obtención y renovación de pasaportes, el otorgamiento de poderes legales, la tramitación de apostillas, el registro de nacimientos en el extranjero, y la certificación de licencias y títulos académicos. 

Algunas reacciones en las Américas en materia migratoria

Colombia, cuyo Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) fue celebrado por la comunidad internacional por su plazo de diez años para permitir el acceso a derechos a la población venezolana y la posibilidad de dar el paso a una visa permanente, ha experimentado retrocesos en cuanto a su acogida a esta comunidad. A dos años de la llegada del gobierno de Gustavo Petro, se ha decidido no continuar con este mecanismo de regularización y fragmentar la propuesta de regularización. A finales de septiembre, se aprobó el PEP-Tutor, que permitirá la regularización de padres y representantes de niños, niñas y adolescentes cubiertos por el Estatuto solo hasta el 31 de diciembre de 2023, pero exigiendo partidas de nacimiento apostilladas.

Además, el gobierno colombiano convocó a una consulta pública a finales de septiembre sobre un nuevo mecanismo de regularización denominado “Visa de Visitante Especial“. Esta visa exigiría requisitos difíciles de cumplir para la población venezolana, como antecedentes penales apostillados y cartas con soportes laborales. No hay claridad sobre si este mecanismo, que solo tendría una duración de dos años sin posibilidad de prórroga, conlleva algún costo o qué tipo de documento de identidad exigirá. Cabe recordar que el ETPV que regularizó a casi dos millones de venezolanos era gratuito, no requería antecedentes penales ni apostillas, y tiene una vigencia de diez años.

La situación se complica aún más debido al estado anacrónico del régimen de refugio en Colombia. Las personas solicitantes deben esperar hasta tres años para recibir una respuesta, y durante ese tiempo no tienen la posibilidad de trabajar legalmente. Si bien la Corte Constitucional colombiana le exigió al gobierno en diciembre de 2023 hacer las reformas necesarias en este sistema, aún no hay una respuesta.

En Brasil, uno de los pocos países que ha consolidado una respuesta abierta hacia el desplazamiento venezolano, se incrementó la atención en la frontera frente al aumento del flujo migratorio después del 28 de julio y los venezolanos pueden aplicar al refugio o residencia.

Ecuador decidió “establecer un proceso extraordinario de regularización”; no obstante, es solo válido para aquellos venezolanos que ya contaban con un “Certificado de Registro de Permanencia Migratoria caducado y no han obtenido un visado”.

En el caso argentino, tras el cierre del consulado venezolano en ese país, el gobierno implementó un Régimen Especial de Regularización Migratoria al que es posible aplicar con pasaporte o cédula de identidad vencidos y otras flexibilizaciones. Este mecanismo se orienta a quienes estaban en Argentina antes del 20 de septiembre de 2024 y “no tengan los requisitos para regularizar su situación a través del régimen general”, así como para aquellos que ingresen al país en forma regular después de esa fecha. La limitante es que este régimen tiene una vigencia de solo 90 días. 

Por su parte, el gobierno de Panamá ha permitido que los venezolanos realicen sus trámites en su territorio utilizando pasaportes vencidos sólo durante los próximos seis meses. 

En el caso de Chile, si bien ha habido cierta flexibilización de requisitos para que los venezolanos en ese país puedan salir con documentos vencidos, tras el 28 de julio este país ha endurecido sus controles fronterizos en previsión de una posible llegada masiva de venezolanos. El incremento de la presencia militar en las fronteras de Chile y Perú, país que también aumentó su control fronterizo en este contexto, podría disuadir a un creciente número de venezolanos que requieren protección internacional, empujando a muchos a optar por entradas irregulares y, en consecuencia, dar lugar a casos de devolución o deportación, como explica la Plataforma R4V.

Por su parte, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado que no extenderá el parole humanitario para venezolanos, nicaragüenses, haitianos y cubanos que ingresaron bajo este programa, lo que obligará a muchos a cambiar su estatus migratorio o abandonar el país. Desde 2022, más de 100 mil venezolanos han podido vivir y trabajar legalmente bajo el parole en EEUU después de huir de Venezuela en situación de emergencia. Aquellos venezolanos que llegaron antes del 31 de julio de 2023 aún pueden optar por el TPS (Estatus de Protección Temporal). Además, la solicitud de parole humanitario por primera vez, que había estado temporalmente suspendida, ha sido reactivada tras una revisión del programa solo por dos años y sin derecho a extensión.

¿Mucho ruido y pocas nueces?

Así las cosas, la región continúa careciendo de una postura unificada ante el desplazamiento venezolano, incluso a pesar de la existencia de marcos legales liberales en materia de refugio, de plataformas multilaterales como la Declaración de los Ángeles o el Proceso de Quito que apuntan a respuestas migratorias coordinadas de flexibilización, o el actual proceso Cartagena+40 que aborda “los desafíos cambiantes del desplazamiento”.

La Plataforma R4V ha instado a los gobiernos a prorrogar la validez de pasaportes y documentos venezolanos vencidos, así como a revisar y flexibilizar los plazos para la regularización migratoria. También solicita que se detengan los retornos forzosos de venezolanos, dada la grave situación en su país. Sin embargo, como se observa en este análisis, no todos los gobiernos han adoptado estas recomendaciones.

Esto demuestra una vez más que del discurso a los hechos existe una gran distancia. Si bien se aplaude la denuncia por parte de tantos gobiernos de las Américas sobre el escandaloso fraude y la violación de los derechos humanos en Venezuela, con excepciones como Colombia que aún no condena lo segundo, es necesario que esas denuncias se traduzcan en políticas que permitan una mejor regularización e integración de las personas desplazadas. Más aún, después de que la dictadura mostró su posición intransigente para una transición pacífica y negociada hacia la democracia. En este contexto vendrá más represión y más desplazamiento. Por eso es necesario que las nueces no sólo suenen, sino que también den frutos.