Caracas Chronicles

Luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio, la represión incluye la anulación masiva de pasaportes. Aunque la supresión del documento ha afectado a integrantes de partidos políticos y organizaciones sociales, también ha perjudicado a personas de diferentes perfiles, que incluyen migrantes con años fuera del país y sin ninguna actividad pública conocida. Un mecanismo de control eficaz de bajo costo, tanto en términos políticos como logísticos.

Según el informe “Crisis postelectoral y de DDHH 2024 en Venezuela”, un esfuerzo conjunto de documentación por parte de distintas ONG venezolanas, la anulación de pasaportes tendría a la masividad como patrón principal de aplicación, parte de los llamados “métodos blandos” aplicados por las autoridades venezolanas denunciados por la Misión Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas.

En septiembre de 2023 los expertos de la ONU divulgaron un informe en el que describían que la represión del gobierno de Nicolás Maduro era una combinación de mecanismos “duros” y “blandos” que forman parte “de un aparato opresivo del Estado que se ha utilizado en diversos grados, dependiendo de la naturaleza de la disidencia social y de la percepción de su influencia”. Dentro de los mecanismos duros estarían las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y la tortura. Entre los suaves, la difusión de mensajes atemorizantes por redes sociales institucionales, la aprobación de normativas restrictivas de derechos y la anulación de documentos de identidad.

El blanco de las anulaciones

Sin ninguna notificación oficial, desde las elecciones, decenas de periodistas, activistas, miembros de ONG y militantes políticos –y, en ocasiones, sus familiares– han descubierto a través del sitio web del SAIME o al intentar salir del país que sus pasaportes han sido anulados en el sistema.

La ONG Laboratorio de Paz continúa recibiendo testimonios de personas que al intentar viajar por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía son informadas, en el punto migratorio, que su pasaporte se encuentra anulado. “En algunos casos les han confiscado el documento”, agrega un integrante de la ONG. “Dentro de la masividad hay listas de personas a castigar por sus actividades políticas. En estos casos puede ser la antesala a represalias mayores”.

En el informe se incluyen varios testimonios. Resalta el del periodista Melanio Escobar, el único de los entrevistados que pidió ser identificado con su nombre y apellido. En 2019 Escobar intentó conseguir un documento nuevo. Cuando asistió a su cita se percató que su situación era irregular: “Me pasaron a otro funcionario, el cual tampoco pudo procesar [la solicitud] y llamaron a la gerente de esa oficina (…). La funcionaria ingresa los datos y, la verdad, es que le cambió la cara. Se comprometió conmigo a entregarme otra cita, me dio un papel que certificaba que ellos se comprometían, que me iban a llamar próximamente para una cita en los próximos siete días, situación que nunca pasó”. El director de la ONG Redes Ayuda intentó, sin suerte, resolver institucionalmente su situación: “pude hablar con uno de los asistentes de Gustavo Vizcaíno, el presidente del Saime, quien me solicitó pagar 7.000 dólares para expedirme un pasaporte y quitarme el bloqueo que tenía el sistema”.

Un segundo testimonio es el de R, un periodista al que le han anulado su documento en dos oportunidades: “Me informaron que, por segunda vez en menos de seis meses, me anulan un documento. La primera vez logré obtener uno nuevo, esta segunda vez no creo porque estoy fuera del país. Esto se lo han hecho a otros periodistas que están dentro de Venezuela. Me avisaron que me iban a anular el pasaporte. Antes ya había tenido amenazas de que si seguía diciendo y escribiendo las cosas que escribo, iban a tener retaliaciones contra mí. Y ya cumplieron”.

Por los testimonios, constatamos que alrededor de la anulación de documentos coinciden dos situaciones. Una es la retaliación política. Pero la otra es la de la extorsión generalizada, similar a la de las personas que han sido detenidas por funcionarios policiales luego de las elecciones. “Aunque pagues y puedas conseguir un pasaporte nuevo, sabes que la posibilidad que vuelvan a hacerlo se mantiene. Comienzas a vivir como las personas que les ha dado un infarto: Con el miedo permanente a realizar alguna actividad que origine otro paro cardíaco”, dice S, una defensora de derechos humanos.

Pasaporte al silencio

Este mecanismo ya se ha aplicado. En 2021 fue aprobada una normativa que permite anular un pasaporte por Robo, Hurto, Extravío, Deterioro, Alteración y, finalmente, por orden administrativa o judicial: “Es causal de inhabilitación para la obtención del pasaporte, la orden judicial emitida por el órgano competente”. Esta posibilidad no aparecía en ninguna ley anterior.

Antes de eso se habían registrado anulaciones de pasaportes como represalia política. Los casos más conocidos: los de los periodistas César Miguel Rondón y Nelson Bocaranda, aunque también fueron víctimas diferentes líderes de partidos políticos de oposición. Usualmente los afectados intentaban obtener un documento nuevo mediante contactos formales e informales con funcionarios del SAIME, quienes pedían a cambio importantes sumas de dinero y disminuir los mensajes de crítica gubernamental por redes sociales. Como era la primera de una posible cadena de represalias, muchos afectados terminaron por salir del país.

Ahora, Laboratorio de Paz realizó una alerta pública luego de recibir denuncias de personas que habían sido retenidas y extorsionadas, en las propias oficinas del SAIME, por haber preguntado sobre su documento revocado, y que luego dejan de opinar sobre política en redes sociales. “Incluso se abstienen de asistir a concentraciones de la oposición”, comenta una de los integrantes de Laboratorio de Paz. “Se sienten vigilados”, agrega. El miedo que genera la situación en los afectados, además, ha generado que se desalienten a realizar la denuncia de su situación: “Cuando intentamos conformar una lista confidencial de los afectados para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dice Laboratorio de Paz, “sólo pudimos obtener el consentimiento de 36 personas”.

Según el reporte conjunto, los derechos violados con la anulación de pasaportes serían el derecho a la nacionalidad, el derecho a la identidad y el derecho al libre tránsito. El Alto Comisionado de la ONU para los DDHH agrega que también se vulnera el derecho a salir de un país: “El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) estipula que todas las personas tienen derecho a abandonar libremente el territorio de un Estado (…) Si un Estado se niega a emitir un pasaporte o exige a sus ciudadanos que obtengan visados de salida para poder abandonar el país, se está dando un caso de injerencia en su libertad de circulación, que es difícil de justificar”.

La Internacional de la represión

Sin embargo, esta estrategia no es un invento del chavismo, pues ha sido aplicada también en Nicaragua, lo cual demuestra como los autoritarismos de la región comparten y optimizan tácticas represivas contra la disidencia.  

“A montones [han sido anulados]. Ya es una práctica reconocida. Van paso a paso siguiendo el mismo protocolo”, dice Haydee Castillo, defensora de derechos humanos de Nicaragua, una de las 317 personas a las cuales el gobierno de Ortega le quitó la nacionalidad en 2023. Según Divergentes, “la retención de pasaportes fue de una de las primeras estrategias represivas de Migración y Extranjería contra periodistas, opositores y críticos de la dictadura Ortega-Murillo”. La medida comenzó a aplicarse regularmente luego de las protestas de 2018. 

Junto a Cuba, la organización Civicus clasifica a Nicaragua y Venezuela como países cerrados, donde “prevalece una atmósfera de miedo y violencia, en la que se permite sistemáticamente a actores estatales y no estatales poderosos encarcelar, herir gravemente y matar a personas con impunidad por intentar ejercer su derecho a asociarse, reunirse pacíficamente y expresarse”. La anulación de pasaportes es parte de las estrategias compartidas por ambos Estados para neutralizar a sus disidentes, que logra el objetivo de atemorizar y neutralizar con gran efectividad – pero sin los costos políticos y mediáticos de detenciones arbitrarias masivas o asesinatos de disidentes.