Caracas Chronicles

La última reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea tuvo lugar en Bruselas el 29 de agosto. En medio de la pesada agenda, marcada por dos guerras de vital importancia para Europa, se abordó la crisis postelectoral en Venezuela.

Se esperaba que los países de la UE aprovecharían esta reunión para enviar señales claras de apoyo a la expresión soberana del deseo de cambio en las elecciones presidenciales del 28 de julio, confirmado por los resultados oficiales divulgados por el Comando por Venezuela de María Corina Machado.

Sin embargo, la declaración se quedó corta: sólo dijo que Maduro no ganó las elecciones. Para los Estados miembros y para Josep Borrell, jefe diplomático de la UE, la ausencia de actas señala que la “victoria” de Maduro no puede verificarse ahora, y probablemente nunca lo será. Pero no se mencionó a Edmundo González a pesar de las pruebas recopiladas por la oposición y las críticas del Centro Carter y los expertos de la ONU, que sugieren que ganó de forma contundente.

Los ministros rechazaron el fallo del TSJ, pero no reconocieron la victoria de González ni tomaron ninguna medida adicional. Borrell dijo que había tiempo hasta el 10 de enero, cuando se espera el cambio de gobierno de acuerdo a la ley. Luego insinuó que el juego no había acabado, pero no dejó claro qué está dispuesta a hacer la UE para apoyar una democratización en Venezuela.

Además, la participación de España en la salida de González hacia Madrid, enmarcada en una solicitud de asilo—una operación que sacó al presidente electo del territorio nacional antes de la toma de posesión del 10 de enero—ha generado la primera derrota de quienes abogan por una transición en la comunidad internacional.

Esta medida contrasta con el compromiso inequívoco expresado por la Unión Europea cuando el presidente Bernardo Arévalo ganó en Guatemala hace un año.

Contra el pacto de los corruptos

Los logros de Arévalo en las elecciones generales de 2023 representaron una ruptura en la política guatemalteca, con algunas similitudes con la victoria aplastante de González y la brutal reacción del régimen de Maduro.

Arévalo era en gran parte un legislador desconocido, profesor de sociología y diplomático. También es hijo del primer presidente elegido democráticamente en el país. En 2023, surgió repentinamente como la figura central de un movimiento prodemocracia que enfrentó los vestigios de las dictaduras militares que han dominado la política de Guatemala durante décadas: una red de élites depredadoras y burócratas (particularmente en instituciones judiciales) conocida como “el pacto de los corruptos,” que gobierna de manera parecida al Estado chavista.

Tanto EEUU como la Unión Europea tomaron la iniciativa de liderar acciones directas para salvaguardar la democracia en Guatemala y garantizar que se respetaran los resultados electorales.

Militante del Movimiento Semilla, de centroizquierda, Arévalo se postuló después de que al menos tres candidatos de la oposición más prominentes que él fueran inhabilitados por el Tribunal Supremo Electoral o TSE. Tenía pocas posibilidades según encuestas de intención de voto, pero obtuvo el segundo lugar en la votación del 23 de junio antes de enfrentarse en una segunda vuelta con la candidata del establishment, Sandra Torres. Además de las campañas de difamación, amenazas, persecuciones y restricciones al espacio político y cívico, el partido gobernante y las élites empresariales se confabularon contra Arévalo en un esfuerzo por obstruir su candidatura. La fiscal general de Guatemala y el fiscal especial del Ministerio Público intimidaron a personal electoral, candidatos, jueces y voluntarios de mesas electorales.

No obstante, Arévalo ganó con el 60% de los votos. Pero las agresiones posteriores hicieron que una transferencia de poder (y el esfuerzo popular para apoyarla) pareciera muy difícil. Aprovechando la ventana de seis meses antes de la toma de posesión de Arévalo, las fuerzas policiales allanaron las oficinas y almacenes del TSE, y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad. Más de 125 documentos y registros originales de las elecciones generales fueron tomados ilegalmente a plena luz del día, mientras eran filmados por la oposición y los medios. El TSE retrasó la publicación de los resultados durante varios días antes de certificar la victoria de Arévalo. En respuesta, el fiscal general inició acciones legales contra los magistrados del TSE para retirarles la inmunidad.

Presiones externas

Las maniobras para impedir el reconocimiento de Arévalo fueron impulsadas por el saliente presidente Alejandro Giammattei. Sin embargo, se toparon de inmediato con un rechazo coordinado por parte de la comunidad internacional, que no tardó en calificar la situación como un intento de golpe de Estado. En contraste, los europeos han evitado usar este término con Maduro. Josep Borrell, insinuó algo similar al referirse a él como “presidente de facto”, para luego retractarse y adoptar el ambiguo término de “presidente ad interim”.

Regresando a Guatemala, la preocupación de los actores internacionales fue creciendo, ya que veían en la crisis electoral guatemalteca un peligroso precedente que podría replicarse en otras naciones. Temían que la voluntad de la mayoría no se respetara y que el país descendiera por un espiral de violaciones de derechos humanos que desembocara en un conflicto civil.

Tanto EEUU como la Unión Europea tomaron la iniciativa de liderar acciones directas para salvaguardar la democracia en Guatemala y garantizar que se respetaran los resultados electorales.

En los meses siguientes, la OEA, EE.UU., Canadá, la UE y otros países occidentales, junto con representantes de organismos multilaterales y regionales, ejercieron presión en diversos frentes: sobre el órgano electoral, la fiscalía, el poder judicial y el propio presidente saliente, Giammattei.

Altos funcionarios, como el Alto Comisionado de Derechos Humanos, Volker Türk, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y especialmente Josep Borrell, viajaron a Guatemala para mostrar su apoyo incondicional a Arévalo. En un despliegue de “diplomacia en su máxima expresión”, se emitieron comunicados, se organizaron ruedas de prensa con medios locales e internacionales, y se llevaron a cabo eventos públicos en honor a Arévalo, combinados con reuniones a puerta cerrada para exigir respeto a los resultados. Se advirtió sobre las consecuencias políticas, financieras e incluso legales de mantener una postura intransigente, al tiempo que se ofreció mediar con los actores más radicales de la potencial transición.

Borrell dejó claro que, si los resultados electorales no se respetaban, las relaciones entre la UE y Guatemala se verían gravemente afectadas, insinuando posibles medidas diplomáticas, comerciales e incluso sanciones unilaterales.

Vimos, por ejemplo, a Blinken reunirse con Arévalo, reafirmando el respaldo estadounidense para una transición política pacífica en Guatemala. Volker Türk también realizó una visita oficial al país, asistiendo a eventos junto a Arévalo y retratándose tanto en actos formales como en momentos más informales. Türk habló con todas las partes en busca de encontrar puntos en común.

Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la UE, junto con la de la OEA, desmintió las falsas acusaciones de fraude y los ataques contra la integridad del proceso electoral. El apoyo de los expertos electorales no terminó cuando los observadores abandonaron el país; al contrario, se mantuvieron firmes en la defensa y protección de los resultados frente a las maniobras de la fiscalía, que intentaba ilegalizar al partido de Arévalo, inhabilitarlo como candidato y revocarle la inmunidad como presidente electo.

Además, la UE condenó las acciones del Congreso para sabotear la toma de posesión presidencial. 

Borrell dejó claro que, si los resultados electorales no se respetaban, las relaciones entre la UE y Guatemala se verían gravemente afectadas, insinuando posibles medidas diplomáticas, comerciales e incluso sanciones unilaterales. 

La UE no sólo es un socio comercial clave para Guatemala, sino que el país también se beneficia de numerosos acuerdos de cooperación técnica y financiera con Europa.

En este contexto, en diciembre de 2023, el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores adoptó restricciones de visado y entrada al territorio europeo, congelación de activos y sanciones individuales contra funcionarios que intentaron socavar el proceso electoral y sus resultados.

El Parlamento Europeo, por su parte, aprobó resoluciones condenando las violaciones de derechos humanos, así como la ola de represión y persecución contra medios de comunicación, periodistas, abogados y defensores de derechos humanos, que resultaron en graves atentados contra el espacio cívico y político. Además, instó al Servicio Europeo de Acción Exterior a mantener medidas concretas de presión y sanción.

Finalmente, en enero, Borrell asistió a la tumultuosa toma de posesión de Arévalo para mostrar su apoyo. Durante su estancia en Guatemala, ofreció un paquete de asistencia destinado a fortalecer la cooperación y el diálogo entre la UE y Guatemala en áreas de interés mutuo, como la gobernanza, el estado de derecho y el desarrollo inclusivo y sostenible.

¿Una estrategia europea de cara al 10 de enero?

El exitoso desenlace en Guatemala para restaurar el estado de derecho ofrece pistas sobre lo que podría hacerse en la actual crisis venezolana mediante un proceso de presión sostenida e incremental. También podría servir de hoja de ruta para superar la tibia respuesta actual, que parece estar condicionada por dos factores principales: primero, Venezuela es una autocracia casi impenetrable basada en el crimen, mientras que Guatemala es una democracia muy imperfecta; y segundo, Venezuela tiene una relevancia geopolítica mucho mayor que Guatemala. 

Es innegable que existen intereses evidentes en el petróleo y gas venezolanos, especialmente en el contexto de la guerra en Ucrania y la escalada en Oriente Medio, que han agudizado aún más la ya frágil oferta global de hidrocarburos y alimentos. 

Como resultado, en julio de 2023, la Unión Europea firmó un acuerdo con el gobierno de Maduro durante la cumbre UE-CELAC para licuar gas venezolano y exportarlo a Europa. Además de asegurar una fuente que reemplace al gas ruso y garantizar la calefacción en invierno para los ciudadanos europeos, este acuerdo beneficiaría a empresas como Eni, Repsol y Maurel & Prom.

Asimismo, la experiencia restaurativa de la voluntad del pueblo guatemalteco y el esfuerzo coordinado de actores internacionales debe servir de base para cualquier cooperación con países latinoamericanos, en particular con Brasil, el principal socio de Europa en la región. Esto ayudaría a evitar que alguno de los Veintisiete acepte ciegamente una intervención de Brasil u otros países como Colombia y México—también cercanos ideológicamente a Maduro—sin el debido escrutinio.

Como se ha mencionado, a pesar de los desafíos, el caso guatemalteco es aplicable a Venezuela. El robo de las elecciones presidenciales por parte de Maduro, la intimidación, persecución y prohibición de candidatos políticos; la degradación de los derechos civiles y políticos, la violación de los derechos humanos y la eliminación del estado de derecho, nos recuerdan demasiado bien las preocupaciones que inspiró el precedente guatemalteco en la región.

Es innegable que existen intereses evidentes en el petróleo y gas venezolanos, especialmente en el contexto de la guerra en Ucrania y la escalada en Oriente Medio, que han agudizado aún más la ya frágil oferta global de hidrocarburos y alimentos.

La Unión Europea debería, por lo tanto, recurrir a las herramientas de que dispone y aplicar la misma firmeza para proteger las instituciones democráticas y los procesos electorales en Venezuela como lo hizo en Guatemala, o en cualquier otra parte del mundo. Esto no solo contribuye a la paz y estabilidad globales, sino que también trae beneficios económicos tanto para el país afectado como para los europeos.

El enfoque de la Unión Europea frente al fraude electoral de Maduro plantea varias preguntas críticas que requieren una reflexión inmediata. 

A diferencia de su mediación proactiva en Guatemala, cuando Europa y EEUU intervinieron directamente para desenmascarar las narrativas fraudulentas y sancionar a los facilitadores del golpe de Estado, en el caso de Venezuela, la respuesta ha sido pasiva, limitada a declaraciones formales y esfuerzos tibios por parte de Brasil y Colombia. 

Dado que los informes publicados por la ONU y el Centro Carter consideraron legítima la información oficial proporcionada por la oposición venezolana, los expertos electorales de la UE podrían haberla verificado aún más, agregando legitimidad a los resultados electorales.

¿Europa simplemente ignorará la situación y esperará cualquier desenlace tras las elecciones en EE.UU. o el Año Nuevo? ¿Están considerando congelar nuevos activos, imponer nuevas sanciones, enviar enviados especiales o revocar licencias a empresas como Eni, Repsol y Maurel & Prom para señalar que un acercamiento ya no está sobre la mesa? ¿Y qué papel puede seguir jugando el cuerpo diplomático europeo en Caracas para apoyar al pueblo venezolano, especialmente ahora que Europa acoge al presidente electo González y comparte la responsabilidad de proteger su seguridad y sus derechos? Son estas las preguntas de primer orden que deben guiar la política de la UE de aquí en adelante.