Anatomía de un fraude

Indicios sobre la escala del robo electoral de Maduro y el CNE―y sus intentos fútiles de ocultarlo―continúan apareciendo desde el día de la votación, e incluso antes

Entre las 10 y las 11 pm del 28 de julio, la televisión avisó que los rectores del CNE pronto darían la rueda de prensa para entregar un primer boletín de resultados. Lo primero que notamos fue que el rector Juan Carlos Delpino, a quien Acción Democrática nominó al CNE en 2023, brillaba por su ausencia. No fue el caso de la otra rectora que supuestamente representaba también a la oposición, Aimé Nogal Méndez, otrora dirigente de Un Nuevo Tiempo especializada en elecciones. Cuando empezó la transmisión de la rueda de prensa, Nogal estaba a la derecha del rector Carlos Quintero, cerebro técnico-electoral del chavismo, inamovible en el organismo comicial desde hace 20 años.

Para ese momento a los venezolanos los devoraba ya la angustia. A las 6 de la tarde las mesas de votación debían cerrar si no había electores en cola, al cabo de una jornada en la que se logró votar masivamente a pesar de todo; pero en varios lugares, efectivos del Plan República se negaron a entregar actas a los testigos de oposición y a clausurar centros de votación en zonas populares, esperando un remate de votos chavistas que nunca llegó. 

Fue un primer mal augurio de lo que pasaría entrada la noche. A las 9 pm el chavismo dijo al rector Delpino que el CNE estaba siendo víctima de un hackeo, el que se convertiría en el pretexto por el cual las mesas transmitían al CNE los resultados a sólo 58% de la velocidad estándar. Héctor Rodríguez, eterno golden boy del PSUV, afirmó a las 9.27 pm que en Venezuela había ganado la paz e irían a celebrar a Miraflores. Después vino el discurso del ministro de Defensa Vladimir Padrino López felicitando al pueblo por haber votado en contra de las sanciones internacionales.

Cuando Elvis Amoroso leyó que Maduro había ganado por 700.000 votos, sólo confirmaba la puesta en marcha del plan chavista para aferrarse al poder a toda costa.

Pero el gran robo del 28 de julio no comenzó con el anuncio de Amoroso, menos con el estado de terror impuesto desde el día siguiente, sino un año antes, cuando el gobierno forzó la renuncia de toda la directiva anterior del CNE, instalada en 2021 luego de negociaciones con algunos elementos de la oposición. En lugar de Pedro Calzadilla, un tibio historiador chavista, el régimen puso a Amoroso al frente con la seguridad de que el mismo que había inhabilitado a María Corina Machado y a otros líderes opositores firmaría el mayor fraude electoral de lo que va siglo en Latinoamérica. Como Amoroso nada sabe de procesos electorales, el régimen por primera vez promovió a Quintero como rector principal del CNE, exponiéndolo más como otro de los grandes artífices del fraude. 

Esta es la historia de cómo ellos han estado intentando reemplazar el hecho conocido de que Edmundo González ganó con amplia mayoría por una mentira que sólo pueden defender con el secuestro institucional y el apoyo de la fuerza armada. Algo que han hecho dejando abundantes pistas de sus errores frente a una ciudadanía organizada y una vasta comunidad de observadores.

La comisión de un robo anticipado

Es un hecho público y reportado que el gobierno comenzó a cercenar el voto de los venezolanos meses antes del 28 de julio. Lo más notorio fue la inhabilitación de Machado y otros posibles candidatos, y la persecución a quienes colaboraban en su gira de campaña, pero además hubo un autosaboteado operativo para renovar el decrépito Registro Electoral en el extranjero (donde sólo 69 mil personas, de millones posibles, quedaron registradas para votar), y la creación de 1.446 centros de votación enanos, que representan sólo 2% del electorado pero fueron ubicados en sitios remotos y dominados por estructuras chavistas. 

Las instituciones controladas por el chavismo también contribuyeron a entorpecer la inscripción de quien sería el candidato definitivo de la oposición, que sólo se logró a último minuto. Cuando Venezuela llegó a la última semana antes de la elección con las tarjetas de González Urrutia intactas, el escenario de un “fraude suave”, de impugnar una victoria cerrada de la oposición, se veía muy cuesta arriba para Maduro. Desde febrero, Maduro hablaba de ganar por las buenas o por las malas, y a días de la elección advertía de un baño de sangre si el pueblo no lo apoyaba en las urnas. Mientras tanto, su despacho recibía informes de sus propios encuestadores privados, quienes pronosticaban su derrota por al menos 14% de diferencia.

En esos días, el gobierno movió piezas para incapacitar a la maquinaria electoral de la oposición. El CNE bloqueó el sitio web para acreditar testigos y la emisión de comprobantes de capacitación. Maduro & Compañía cancelaron la invitación de acompañantes como Alberto Fernández y las misiones de Bogotá y Brasilia, cuya presencia en Venezuela el día de la elección se redujo al asesor de Lula para asuntos externos, un viejo conocido del chavismo llamado Celso Amorim, y un par más de delegados brasileños. 

Para el jueves 25 de julio, el chavismo había reiniciado la entrega de acreditaciones para organizaciones políticas y miembros de mesa ante la mirada del Centro Carter y la ONU. Sin embargo, dio instrucciones explícitas al personal del CNE y a los efectivos del Plan República, custodios de la elección, de obstaculizar el funcionamiento de las mesas electorales e impedir la labor de los testigos de candidatos opositores. 

Según fuentes dentro del Estado venezolano consultadas por Caracas Chronicles, el chavismo ordenó retrasar la instalación de máquinas de votación y hasta dañarlas para retrasar la apertura de los centros. Prohibió la entrega de actas de votación a testigos de oposición después de cerradas las mesas, y la instalación de mesas en presencia de miembros de mesa no-chavistas, favoreciendo a aquellos leales a Maduro―lo que quedó evidenciado en el operativo de instalación del viernes 26 de julio. También ordenó considerar el cierre de centros electorales a partir del mediodía “en caso de que hubiese baja participación”, violando el reglamento. Entre tanto, los coordinadores municipales del CNE operaban escoltados y vigilados por el SEBIN. Todo acto de desobediencia sería considerado traición a la patria y terrorismo.

Una de las grandes historias de esta elección ha sido el fracaso de la estrategia de supresión de votos de Maduro. 

Tanto el CNE como el Plan República y las FANB están conformados por venezolanos comunes que al final del día han sufrido como ciudadanos los desmanes de la autocracia chavista. El Comando Por Venezuela procesó el 83.5% de las actas de votación, reflejando la participación de 10.88 millones de electores, con Edmundo obteniendo el 67% de los votos. Si extrapolamos estos datos a las 5,000 mesas electorales a las que los testigos opositores no tuvieron acceso, la participación total alcanzaría una cifra notable: 13 millones de votantes, que es más o menos el total de electores en territorio venezolano. Esta participación se dividiría aproximadamente en 8,5 millones para Edmundo, 4,1 millones para Maduro, y 400 mil para los demás candidatos. Estos números sugieren que la gran mayoría de los funcionarios involucrados en el proceso ignoraron las directrices de Miraflores. Para el Estado chavista, a fin de cuentas, no es tan fácil coaccionar a toda su nómina.

Para el atardecer del 28 de julio la élite chavista manejaba un dilema deprimente. ¿Qué hacer si Maduro sale derrotado estrepitosamente, como estaba previsto, cuando las primeras máquinas comiencen a enviar datos? Es posible que varios no tuvieran idea, considerando las ambiguas declaraciones de voceros como Jorge y Héctor Rodríguez cuando fueron a votar. Caída la noche podemos concluir que los jerarcas que mandan desde Caracas decidieron avanzar a trocha y mocha.

Un tosco anuncio

Entre 7.30 y 7.50 pm, comenzó a correr información de que las máquinas estaban tardando más de lo normal en transmitir. No fue por un ataque a las telecomunicaciones del CNE desde la antigua Yugoslavia, como dijo Tarek William Saab; fuentes cercanas al entorno electoral informaron a Caracas Chronicles que el mismo organismo obstruyó la transmisión bloqueando la recepción de actas en uno de los dos servidores de totalización (hay uno en su sede principal del CNE, y otro en Plaza Venezuela). Esto disminuyó la velocidad de los cómputos que darían ganador a González, para darle tiempo a Quintero, Amoroso y sus superiores de buscar una solución.

Como el PRI mexicano en 1988, Amoroso salió a decir que el sistema se había caído producto de un sabotaje y, sin dar ningún detalle sobre los resultados por mesa electoral, ofreció cifras que se traducen en estos porcentajes: 51,2000% para Maduro y 46,2000% para Edmundo, números redondos cuya probabilidad de ser reales es 1 en 101,2 millones.

¿Cómo se explica esto? En la famosa “sala de totalización” del CNE no se producen boletines de totalización; los técnicos del CNE y los testigos de partidos ahí presentes sólo pueden ver en tiempo real cuántas mesas han enviado datos al organismo. Los reportes con los resultados acumulados están reservados para alguien con acceso privilegiado: Carlos Quintero, Vicepresidente del CNE y mandamás de facto del opaco proveedor del sistema electoral, como ha revelado Armando Info.

Podemos asumir que Quintero y Amoroso, en comunicación directa con Maduro y Jorge Rodríguez, se encerraron la noche del 28 a echar números y ver cómo le decían al mundo que Maduro había ganado. 

El 29, el periodista Eugenio Martínez dijo que el boletín leído por Amoroso la noche anterior se imprimió en su oficina, no en la sala de totalización. Como haya sido, Quintero, un experto informático que conoce el Registro Electoral desde 2004, debe entender que las cifras pronunciadas esa noche sin respaldo alguno son inverosímiles hasta para el chavismo. De hecho, no sólo el régimen se ha negado a publicar resultados mesa por mesa, sino que todas las auditorías post-electorales que el mismo Quintero explicó fueron canceladas.

Maduro queda desnudo 

Después de varios periodos en que la oposición boicoteó elecciones en Venezuela de forma parcial o total, la decisión de Machado de participar el 28 de julio, con el CNE como anfitrión, confederó a tres grandes elementos. Primero, las capacidades de Machado, co-fundadora de la ONG Súmate, como organizadora de una maquinaria ciudadana que expuso el fraude en 48 horas. En segundo lugar, a una masa de electores ex-chavistas y cuadros del chavismo disidente que le dieron la espalda al PSUV y vieron un candidato viable en González Urrutia―tantos y tan distribuidos por el país que Maduro perdió en todos los estados. Tercero, una red de venezolanos y extranjeros que por cuenta propia, en la antesala al gran día, puso en marcha un proyecto que ha desmentido las cifras del CNE en sintonía con el Comando Por Venezuela.

El Comando y su ejército de comanditos no estuvieron solos en la hazaña de reunir actas impresas y demostrar la victoria de Edmundo con datos verificables. AltaVista PVT destaca entre los monitores que han respaldado los resultados reales. Registrado en Open Science Frameworks, este ‘conteo rápido’ combinó la pericia de activistas locales con el conocimiento de estadísticos expertos en elecciones, quienes desarrollaron una muestra de 5% del total nacional de mesas electorales. 

Los conteos rápidos (también conocidos como parallel vote tabulation) estiman la cantidad de votos que recibieron los candidatos y pueden verificar o desmentir las las cifras que brinda el Estado. La muestra de AltaVista fue estratificada por centros de votación según su comportamiento entre 2013 y 2021 (en el primer estrato están los centros donde la oposición ha recibido la mayor cantidad de votos en este periodo; en el último estrato los centros más chavistas).

Este artículo académico publicado el mismo 28 de julio explica cómo esa muestra se diseñó. La muestra siguió nutriéndose ese día con información recogida por testigos en el terreno. Sus autores son Dalson Figueiredo (de la Universidad Federal de Pernambuco), Rafael Nishimura (Universidad de Michigan), Walter Mebane (también de la Universidad de Michigan) y un venezolano anónimo. AltaVista entrenó a voluntarios que, desplegados en 1.500 mesas electorales, lograron fotografiar y enviar con sus teléfonos 997 actas de votación a AltaVista. Los resultados difundidos en su dashboard dan un margen de error de 0,5% y son casi idénticos a los que obtuvo la oposición.

El régimen puso a Samuel Moncada, su representante ante la ONU, a refutar la “emboscada” de AltaVista. Dice el embajador que ciertas actas recogidas por el PVT tienen un formato distinto a las del Comando y por tanto son falsas. ¿Entonces las actas que reunió el Comando sí son válidas? De cualquier manera, Moncada ignora que muchas actas subidas a AltaVista corresponden a copias en posesión de miembros de mesa, que son distintas a las entregadas a testigos aunque compartan el mismo código QR.

Equipos de El País, New York Times, Washington Post, Folha de São Paulo y Estadão han revisado las fotografías de actas obtenidas por AltaVista y certificado su veracidad. Walter Mebane también auditó los resultados en las 24.532 mesas que imprimieron actas que están disponibles en el sitio web del Comando. La posibilidad de un fraude que pudiese favorecer a González, concluye Mebane en su estudio, sólo existe en dos de esas mesas―un número insignificante.

Otra investigación de Dorothy Kronick, profesora en la Universidad de Berkeley, defiende la solidez técnica del sistema electoral venezolano para demostrar que el chavismo ahora es víctima de su propia creación. Kronick tuvo acceso a actas publicadas por el Comando y a planillas “hermanas” de dichas actas producidas durante el proceso de verificación ciudadana (al cerrar las mesas electorales, voluntarios se reúnen con funcionarios del CNE que lo permitan para abrir las cajas de resguardo y contar papeletas a mano, con el fin de asegurarse de que los votos recibidos por cada candidato son los que dice el acta impresa). Según su paper, las docenas de constancias de verificación ciudadana que revisó Kronick coinciden en los resultados con sus actas correspondientes.

Observadores clave como el Centro Carter y el panel de expertos de la ONU han sido lapidarios. Sus informes señalan que el CNE no cumplió con estándares internacionales de integridad y transparencia electoral al no publicar resultados mesa por mesa. Elogiado por el mismo Padrino López antes de la elección, el Centro Carter destacó todas las irregularidades que sociedad civil ha denunciado desde que el CNE anunció el calendario electoral en marzo (relativas a violencia contra la oposición en campaña, presión clientelar contra el elector, el mediocre operativo de renovación del Registro Electoral, entre otras). 

La magnitud del fraude parece haber instado a la ONU a publicar un informe similar que en principio era de consumo único para el gobierno chavista.

La saga de la elección presidencial parece haber finalizado con la intervención del Tribunal Supremo chavista, que sólo sirvió para amplificar las acusaciones de sabotaje al CNE, retrasar la respuesta de actores internacionales unas semanas, y criminalizar más a la oposición. Show de los magistrados aparte, los rectores siguen negados a mostrar resultados detallados. Ni siquiera han podido falsificar, según parece, actas de votación. 

La autopsia inacabada

Aun así, quedan muchísimas preguntas sobre qué pasó puertas adentro en el CNE, en los círculos militares y en los cuadros altos del PSUV. El rector Delpino decidió explicar su versión de los hechos, luego de denunciar en junio la censura dentro del organismo y el autoritarismo de Amoroso. ¿Qué hay del silencio de la rectora Aimé Nogal, quien ha sido distante a la opinión pública desde su investidura? El gobernador Manuel Rosales negoció el nombramiento de Nogal con el chavismo en 2023, ¿la historia le pedirá explicaciones sobre qué pasó con su ficha en el CNE?

La anuencia de los distintos clanes chavistas al fraude también es una incógnita. ¿Quién dio la orden de perpetrar un fraude a esta escala, y quiénes colaboraron directamente?

Por el momento, ya podemos decir que el chavismo nunca podrá convencer a nadie de que ganó. Técnicamente, con lo publicado hasta ahora y comentado en esta historia, la pregunta de quién ganó el 28 de julio está respondida.

El chavismo no tiene argumentos para decir que las actas publicadas por el Comando y por AltaVista no fueron producidas por las máquinas del CNE. Tampoco puede refutar los trabajos académicos y periodísticos ya publicados. Quedará más en ridículo si intenta falsificar actas. Las actas difundidas por la oposición existen físicamente; están resguardadas, tienen QR y códigos cifrados que comprueban su originalidad. Si el chavismo publica unas actas nuevas se notará que son falsas. La responsabilidad de que haya actas auténticas y difundidas, que demuestran la derrota de Maduro, será del CNE y sus operadores técnicos. Un plan de falsificar actas podría tener mucha resistencia de las propias cabezas del CNE, que fueron obligados a firmar el fraude y a violar la ley al no publicar resultados mesa por mesa. Para ellos es mejor no publicar más nada.

Esta necesidad de mantener la verdad oculta se hizo también evidente la semana pasada, cuando el CNE reactivó su sitio web y lo mandó a tumbar después de una hora más o menos, tal vez porque se dieron cuenta de que el sitio web los exponía más: quien había sido seleccionado como miembro de mesa, e introducía sus datos en el buscador del portal, podía ver su nombre y cédula como seleccionado, y que eso coincidía con el acta de escrutinio correspondiente que publicaron la oposición y AltaVista.

¿Qué viene ahora? Si Maduro permanece en el poder, no habrá elecciones que puedan considerarse viables, mucho menos con instituciones manipuladas por él. El próximo operativo de renovación del Registro Electoral podría ser igual de malo o peor que el realizado en 2024, y suceder en el contexto de una nueva ola migratoria.

Si esta elección del 28 de julio no se reconoce, toda posibilidad de una elección posterior en la que los venezolanos puedan decidir sobre su futuro es ínfima.

Entre tanto, se cierra la ventana de oportunidad para apostar por Petro, Lula y sus capacidades de buscar soluciones para lograr una “transición ordenada” (como ha sugerido María Corina durante todo agosto). La toma de posesión del 10 de enero emerge como una encrucijada inédita, en la que el régimen estará forzado a ceder o, como ha hecho hasta ahora, pasarle por encima a un pueblo que lo desprecia. 

La caja de evidencia 

  • El sitio web del Comando Por Venezuela donde cada elector registrado puede ver el acta de su propia mesa electoral.
  • Dashboard de AltaVista PVT.
  • Los análisis independientes de la evidencia publicada, por parte de The New York Times, Associated Press, The Washington Post y El País.
  • Mapa de la votación que hizo La Nación de Buenos Aires a partir de las actas difundidas por la oposición. También, este mapa de VE360 muestra los cambios en patrones de votación entre 2015 y 2024. Y, aunque existen decenas de mapas de resultados por municipios, usuarios de la net diseñaron un mapa interactivo de resultados por parroquia.
  • Estudio de Dorothy Kronick sobre el desempeño del sistema electoral venezolano en elecciones anteriores y lo difícil que es hacer un fraude en él, que concluye que los datos publicados por la oposición son ciertos: el original en inglés aquí, la traducción al español aquí, el comentario de Caracas Chronicles aquí
  • Reporte del Centro Carter en inglés y en español.
  • Reporte de la misión de expertos electorales de la ONU.
  • En Armando Info: investigación sobre los vínculos entre los Rodríguez y la empresa ExClé―que opera el sistema electoral―y sobre la rectora Aimé Nogal.
  • Carta a la opinión pública del rector Juan Carlos Delpino.

Ilustración de Cristina Estanislao