Caracas Chronicles

El 5 de julio apareció un video muy extraño en X. Mostraba un grupo de hombres uniformados en un área boscosa, armados, cantando algo inaudible. Tres de ellos aparecen sentados en una mesa roja. En el suelo, dos ametralladoras apuntan a direcciones opuestas.

Un hombre en el medio sale leyendo una laptop, hablando en nombre de los Pachenca, una escisión de las Autodefensas Unidas de Colombia, que hasta hace un tiempo fue la mayor fuerza paramilitar de ese país.

El enmascarado decía que el grupo fue contactado por la “extrema derecha venezolana” para infiltrarse en el país, atacar su red eléctrica y provocar un caos si Nicolás Maduro llegara a ser reelecto. Los Pachenca, según el hombre, rechazaron el encargo y contactaron al gobierno en Caracas.

Maduro exigió una investigación y el fiscal general Tarek William Saab respondió de inmediato, diciendo que su oficina estaba indagando sobre la conspiración, y exhortaba a las autoridades colombianas a trabajar en conjunto. La supuesta investigación no ha dado nombres ni evidencia, ni se conoce ninguna orden de captura relacionada al caso. Pero las acusaciones de terrorismo y subversión han acompañado al discurso chavista desde que arrancó la campaña.

El discurso oficial en cuanto a “actos de desestabilización”, violencia post-electoral y baños de sangre agrega un grado de tensión e incertidumbre a la elección del domingo que el país no ha vivido en mucho tiempo. Y ahora, incidentes súbitos que tienen lugar a cientos de kilómetros de la capital están siendo usados para señalar a opositores.

Tomemos como ejemplo al Puente Angostura, que conecta algunas de las áreas conurbaciones más importantes del sur y el oriente de Venezuela. Hace exactamente un mes, la vicepresidenta Delcy Rodríguez acusó a la oposición de cortar las guayas del puente para tratar de derribarlo, alegando que estaban boicoteando la elección porque sabían que iban a perder. A esto le siguió una prohibición de vehículos pesados cruzando el puente sobre el Orinoco, lo que ha generado una escasez de bienes y un alza en los precios para los casi 400,000 habitantes de Ciudad Bolívar, según reporta la periodista Pableysa Ostos.

Días antes, Maduro dijo sin pruebas que los apellidos estaban detrás de un plan fallido para cortar la electricidad a la isla de Margarita. Y basta ver también los reportes sobre una explosión la semana pasada en la carretera Cantaura-Anaco en Anzoátegui. Aunque una tubería de gas defectuosa causó la explosión según Efecto Cuc, el Ministro del Interior—el almirante sancionado Remigio Ceballos—dijo que se estaba buscando a los perpetradores.

Bajo ningún concepto imaginable esta es una elección normal.

Estado policial

Edmundo González Urrutia lidera la intención de voto con 59%, según la encuesta más reciente de Delphos. Maduro está estancado con 24%, aunque las encuestas internas del chavismo muestran una brecha un poco menor. Sin embargo, de lo dicho en un estudio al hecho electoral hay un trecho enorme.

El chavismo ve una clara amenaza en la oposición liderada por María Corina Machado y su “rebelión electoral”. Desde que la campaña comenzó oficialmente el 4 de julio, el Estado venezolano ha realizado por lo menos 76 detenciones arbitrarias según el observatorio Laboratorio de Paz. En lo que va de 2024, el total de detenciones políticas sobrepasa las 140 personas.

La vida de la misma Machado ha estado en riesgo. La mañana después de un mitin en Lara, María Corina denunció que unos hombres vaciaron el aceite del motor de uno de sus vehículos, y cortaron la liga de freno de otro. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha exigido una investigación. Poco después, el jefe de seguridad de Machado fue detenido por 36 horas.

La mayoría de los detenidos son activistas del interior de Venezuela, o gente común que ha brindado servicios, ayuda o ha ofrecido sus casas para alojar a los líderes opositores y sus colaboradores. El gobierno ha clausurado restaurantes y hoteles que han prestado sus servicios a González, Machado y su séquito. Ha decomisado motos, camiones y hasta curiaras para desalentar ese tipo de asistencia a la campaña. Sin embargo, los venezolanos continúan echando mano en todo el país. En Puerto Páez, estado Apure, la gente reaccionó al cierre de un comedor de empanadas en Corozopando, Guárico, invitando a Machado a entrar en sus tiendas. 

Este desafío abierto ha sido descrito por la politóloga Paola Bautista de Alemán, vicepresidenta de formación de Primero Justicia, como “el quiebre del consentimiento”. La obediencia generalizada que sostiene el sistema se ha comenzado a desmoronar. Los venezolanos, como muestran los videos de gente rompiendo sus carnets de la patria o rechazando las bolsas CLAP, le dan la espalda al patronazgo forzoso, aún sabiendo que pueden sufrir represalias.

Aunque la oposición no ha querido decir mucho sobre su organización electoral, Machado recientemente anunció que la campaña logró inscribir testigos en 98% de los centros de votación. Fuentes de la Plataforma Unitaria también aseguran que su Plan 600K  ha reclutado a casi 700.000 voluntarios y testigos para apoyar el proceso electoral este fin de semana. Por supuesto, en una coalición donde no falta la desconfianza mutua, hay agrupaciones que ponen en duda estas.

De cualquier manera, la oposición logró llevar a cabo una elección primaria en octubre de 2023 gracias a una red nacional de activistas de partidos y de voluntarios de Súmate, la ONG electoral donde Machado inició su carrera política a principios de siglo.

Con los métodos tradicionales de coerción haciendo aguas, y la oposición superando las expectativas, al chavismo le siguen quedando cartas por mostrar.

Anarquía y sesgo administrativo

Así como se esfumaron las viejas mayorías chavistas y los petrodólares de campaña, la demografía del país cambió desde el último censo en 2011. Cerca de 4 millones de votantes registrados viven fuera de Venezuela y no podrán votar esta vez. En un país que ni conoce su cifra real de habitantes, las encuestas suelen tener un sesgo hacia áreas urbanas—excluyendo a pedazos considerables de la población si se hacen por vía telefónica.

Para ponerlo en perspectiva: los venezolanos sólo pueden hacerse una idea de la situación económica del país mediante las estimaciones de firmas y think tanks como Ecoanalítica y el Observatorio Venezolano de Finanzas, porque el Banco Central de Venezuela no publica información básica como inflación y PIB.

Once años después de la última elección presidencial competitiva que tuvo Venezuela, el monopolio de la violencia del Estado también ha decaído. Existe infraestructura esencial en condiciones terribles. Cientos de medios locales han sido clausurados, desde los Andes y Oriente hasta el Amazonas venezolano. En sitios remotos que la gente rara vez ve en X o algún medio, los votantes conviven con jefes nuevos y vecinos extraños—algunos percibidos como “amistosos”, otros como auténticos depredadores—que tendrán sus ojos sobre cientos de centros de votación este domingo. El poder de estos grupos se hizo sentir en las campañas para las primarias y para esta elección presidencial, cuando Machado recibió amenazas de muerte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Táchira, y de la megabanda Tren del Llano en Guárico.

Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2023 (ENCOVI), cerca de 1,2 millones de venezolanos fueron desplazados internamente en los últimos años. Muchos de estos votantes, sobre todo en zonas rurales, tienen que viajar largas distancias, incluso cruzar varios estados, para llegar al lugar donde están registrados para votar. 

Cuando lo hacen y si lo hacen—desde ciudades como Caracas y Valencia hasta sus pueblos de origen en Táchira, Zulia y Apure—se encontrarán con los tipos que ahora mandan allí, o al menos escucharán de ellos. No hablamos de la típica unidad tracalera de la Guardia Nacional Bolivariana, o de un policía municipal, o del consejo comunal. ¿Cómo será votar en una parroquia de Táriba, a pocos kilómetros de la frontera con Colombia, donde actores armados irregulares han impuesto una pax mafiosa en complicidad con el Estado? ¿Están estos grupos interesados en que cambie el status quo mediante un proceso electoral pacífico?

En Zulia, por ejemplo, algunos municipios se han convertido en puntos clave para el narcotráfico. Es el estado con la mayor tasa de sicariatos y de letalidad policial. De hecho, en 2023, la mitad de los homicidios fueron realizados por fuerzas de seguridad del Estado, según el reporte anual del Monitor de Víctimas. ¿Se siente segura la gente votando en un sitio así? ¿Cómo son las dinámicas electorales en un caserío apureño o al sur del Orinoco, donde el ELN y las disidencias de las FARC son las que mandan? Hace sólo dos días, cuando González y Machado visitaron el Zulia, un grupo de encapuchados armados atacó unos autobuses que llevaban gente a la marcha de oposición en Maracaibo. ¿De quién se trataba realmente?

También hay actores regionales del oficialismo muy vinculados a la violencia, representando otra amenaza para el proceso electoral. Días después de sugerir que el chavismo estaba listo para ser oposición, el gobernador del Táchira, Freddy Bernal, contó a Sputnik, la agencia de noticias rusa, que tenía militantes armados listos para desplegarse en todo el estado.

Obvio que existen comunidades que no están bajo el dominio de grupos irregulares, pero donde la gente debe votar en centros minúsculos y escondidos de los que jamás ha oído hablar: un estacionamiento de la Misión Vivienda, una escuela pública que maneja el PSUV. Lugares donde la ayuda del Estado históricamente se ha condicionado con votos para Chávez o Maduro.

En Bolívar, el Correo del Caroní contabilizó 65 centros de votación recién creados que llevan el nombre de casas comunales y misiones. En Lara, el CNE creó 136 centros de votación de una sola mesa, que también están bajo el control de las estructuras chavistas. En municipios rurales como Morán, este tipo de centro representa 80% del electorado local, según información de El Impulso. También hay centros de votación en bases militares de las REDI y las ZODI. ¿Podrán cumplir sus funciones allí los testigos de oposición? ¿Podrán entrar por lo menos?

Aún así, con un tablero de juego inclinado a su favor, y con el control total del Estado, el gobierno está cocinando un clima de miedo y de sesgo administrativo para dar la sensación de que el voto es inútil.

El daño ya está en marcha: el viernes por la mañana, mientras se instalaban los centros electorales en todo el país, se denunciaron en redes sociales decenas de irregularidades. En al menos 13 estados, miembros de mesa y testigos (civiles encargados de garantizar que la votación se realice de acuerdo a la ley) informaron que funcionarios del CNE y soldados del Plan República les negaron la entrada durante el proceso de instalación de equipos e infraestructura electoral. Este hecho representa una violación flagrante del reglamento electoral venezolano.

La elección está a la vuelta de la esquina. Las condiciones están dadas para un fin de semana acontecido, donde la gente tendrá que lidiar con más arbitrariedades oficialistas y actores hostiles de diferentes tipos. Pero este año, la sociedad civil venezolana ha demostrado de qué está hecha para sortear cualquier obstáculo. No hay razón para creer que el domingo será una excepción.