Aunque gane la oposición, la recuperación económica será pedregosa

La economía venezolana –creciendo a tasas de un solo dígito después de una contracción masiva que duró una década– sigue sufriendo limitaciones estructurales que ni siquiera un cambio de gobierno puede mejorar en el corto plazo

Sin lugar a dudas, parece que la actividad económica en Venezuela superará en 2024 la contracción real registrada en 2023. La desaceleración en los precios, aunada al pequeño repunte del crédito bancario y al mayor gasto público –aunque limitado por una agresiva política de intervención cambiaria– habrán impulsado un mayor gasto de los hogares y de las empresas privadas, lo que significará un incremento interanual de 4,2% del mercado doméstico en este año. En este sentido, 2024 será el primer año desde 2013 en que se registre crecimiento económico junto con una inflación anual por debajo del 100%. Con estos indicadores, Venezuela será el único país latinoamericano con aumento del PIB mayor al 4% para 2024, según las proyecciones del Banco Mundial y el FMI.

Este repunte podría considerarse como un “efecto rebote” tras el colapso acumulado del mercado interno en la última década. Pero ¿será capaz el mercado venezolano de sostener este ritmo de crecimiento para los próximos años? ¿Veremos a mediano plazo que la economía recupere o supere el tamaño que tenía hasta 2014? 

Una revisión más cercana –y actualizada– de nuestro mercado en varias dimensiones nos dice que la capacidad de la economía para aumentar su tamaño en el futuro será algo más que una tarea difícil, incluso en medio de un programa de estabilización macroeconómica, con reformas institucionales o bajo un nuevo gobierno opositor. 

Caída en el ingreso

Aunque la inflación interna y la denominada en dólares han venido disminuyendo en el último año, una importante fracción de la fuerza laboral sigue operando en actividades informales y expuesta a demoras recurrentes en el ajuste del salario. 

Desde 2018 muchas empresas privadas dejaron de pagar a sus trabajadores, pues sus gastos operativos comenzaron a aumentar exponencialmente con el inicio de la hiperinflación, y la demanda interna se vio repentinamente frenada por precios más altos, además de las secuelas de la caída en la productividad del trabajo. Las que sí ajustaron las remuneraciones no lo hicieron de acuerdo con el aumento de precios, pero más recientemente han reducido los aumentos alegando la desaceleración de la inflación. En cuanto al sector público, una mayor parte de la disciplina fiscal se ha centrado en menos ajustes de los salarios y en la “informalización” de las remuneraciones de los empleados del Estado (más pagos de bonos y subsidios directos, sólo para ciertos cargos).  

Estas limitaciones de los ingresos coinciden con restricciones en el crédito bancario, lo que inhibe los préstamos al consumo –por los requerimientos de encaje y las medidas de los bancos para minimizar el riesgo de impago– que empleaban muchos venezolanos para acceder a bienes y servicios básicos de alto costo. En este contexto, la estabilidad de precios ya no es suficiente para aumentar los ingresos reales en Venezuela y mejorar las decisiones de gasto de los hogares, ni siquiera con un entorno más “amigable” para que las empresas produzcan. 

Restricciones a la inversión privada

La regulación discrecional de la actividad comercial interna y el comercio con el exterior, entre otras cosas, ha influido en las decisiones sobre el gasto de capital. Los impuestos arancelarios “especiales” a ciertos importadores o las inspecciones legales de los comercios agregan costos y reducen el interés de los acreedores por operar en tales sectores. El marco jurídico que sobredimensiona el rol del Estado de la economía –con su historia de exceso de regulaciones y controles– sigue generando desconfianza en inversores y prestamistas, así como el temor de las expropiaciones pasadas.

Las distorsiones de precios y las contracciones reales han reducido la competitividad de los bienes nacionales, añadiendo incertidumbre a la tasa efectiva de retorno de cualquier inversión. La carga tributaria alcanzó más de dos tercios de los ingresos netos de las empresas para 2022, según Ecoanalítica. Factores externos, como las sanciones de EE.UU., generan sobre-cumplimiento que sigue limitando el acceso de las empresas nacionales al capital extranjero. Y los últimos incentivos públicos a la inversión se limitan a “promesas” de pagos futuros o reintegros fiscales (como la política de Zonas Económicas Especiales), que suelen estar expuestos a retrasos en los reembolsos y/o problemas operativos. 

Colapso de la infraestructura

Además de la destrucción del sector manufacturero nacional, el cierre de industrias básicas y el menor uso de la capacidad instalada –como consecuencia del colapso de la inversión y de la salida de capitales iniciada en 2014, llevando a que ronde en torno a 34% en los últimos años según Ecoanalítica– la economía venezolana sigue severamente limitada por la baja calidad de los servicios básicos como el agua y la electricidad. 

El colapso del sistema eléctrico nacional perjudica el desempeño de todas las industrias, incluida la petrolera, cuya producción de materias primas y derivados ha estado expuesta a cortes generales de electricidad. Aunque ha mejorado la percepción desde entonces, en 2023 el servicio eléctrico nacional era calificado como negativo por 7 de cada 10 venezolanos, según el Observatorio Nacional de Servicios Públicos (OVSP). Además, las empresas muchas veces se ven forzadas a solventar estos problemas públicos de forma privada –adquiriendo plantas eléctricas o pozos de agua– lo que aumenta sus costos, igual que como pasa con la escasez de combustible. 

Otro aspecto crítico es la pérdida de capital humano mediante la emigración.  Durante muchos años fue una de las mayores preocupaciones de la industria manufacturera, según la Encuesta Cualitativa de Conindustria. Por ejemplo, el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Harina explicó que –además del cierre del molino más grande del país en 2023– el sector panadero ha visto a parte de su mano de obra migrar a Aruba y Curazao.

La economía venezolana crecerá si mejora las condiciones para el sector privado, si el Estado se maneja mejor, y si se recuperan los ingresos de los hogares. La elección presidencial es una oportunidad casi única de reinstitucionalización, apoyo de las multilaterales y políticas públicas para salir de la crisis y asegurar un crecimiento alto y sostenido.

Sin embargo, aun si hay una nueva gestión gubernamental, tenemos que estar preparados para ver durante algún tiempo una economía creciendo por debajo de lo que se necesita para mejorar de forma sostenible la calidad de vida de todos los venezolanos. 

El domingo puede que defina nuestro camino hacia la recuperación económica del país. Sin embargo, cualquiera sea ese resultado, el camino seguirá siendo pedregoso.