Caracas Chronicles

La incertidumbre en torno al 28 de julio —y a lo que pueda suceder de aquí a la elección— sigue siendo la orden del día en medio de los multitudinarios recibimientos a María Corina Machado en el interior del país, la favorable posición de Edmundo González reportada por encuestadoras, y la escueta campaña oficialista. Es pertinente recordar que en el annus horribilis que significó 2017, las encuestas le daban una ventaja a la oposición de 2 a 1 para las elecciones regionales.

Aun así —y en medio del debilitamiento, confusión y desorganización de la disidencia aquel año— el PSUV terminó quedándose con 18 gobernaciones (incluyendo Bolívar, gracias al procesamiento manual de actas que alteró el resultado que favorecía a Andrés Velásquez). Considerando esto, ¿puede ser Nicolás Maduro quien “milagrosamente” saque más papeletas, maximizando sus recursos y el despliegue de sus cuadros a fines de julio?

En entrevista con El Estímulo a comienzos de mes, el candidato González Urrutia expresó confianza en sus niveles de popularidad y en la capacidad de la oposición de extender su maquinaria de testigos, voluntarios y comanditos el 28J. La afirmación deja caer varias preguntas para la oposición: ¿Dónde está parada la coalición en torno a la organización electoral? ¿Dónde siguen siendo vulnerables? ¿Cómo se defendería ante riesgos y posibles estocadas del madurismo en las próximas semanas?

Seguramente este gobierno, cansado de sobrevivir durante 25 años, merece el beneficio de la duda una vez más. Es iluso pensar que esa mayoría que dice preferir a González Urrutia podrá votar por él sin obstáculos.

El riesgo de que la oposición no pueda capitalizar el 28J acecha en tres escenarios —que podrían combinarse— antes, después, y durante el día de la elección. 

Primero, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) podría invalidar la tarjeta MUD poco antes del 28, dando poco tiempo a los partidos para comunicar a sus electores que deberán votar usando otras tarjetas. Segundo, puede optar por una jugada más brusca: la impugnación de los resultados ante una victoria estrecha de González Urrutia. Tercero, puede postergar los comicios por motivo de una situación “excepcional” en el Esequibo. 

Tales escenarios están mucho más ligados a comportamientos arbitrarios del madurismo que a la capacidad organizativa de la oposición, que tampoco es infalible y aún tiene tareas pendientes para garantizar la defensa del voto el día de la elección.

Las distorsiones del Registro Electoral definitivo 

El primer paso para debilitar el voto opositor se consumó durante la actualización de electores en el exterior, donde sólo podrán votar 69.189 personas. Esto equivaldría a aproximadamente 1,7% del total de posibles electores fuera de Venezuela. Teniendo unos 6 millones en la diáspora, y unas capacidades de movilización mermadas con respecto a los años previos a la crisis humanitaria, el número de electores reales dista bastante del ideal.

Si bien el Registro Electoral definitivo tiene 21,32 millones de personas inscritas, se proyecta una cifra mucho menor de votantes participando. Se estima que 4 millones de personas están inscritas en Venezuela, pero viven en el exterior y no pudieron cambiar de centro a causa del poco tiempo y espacios disponibles, problemas de logística, y falta de información difundida durante la jornada de actualización. En Colombia, por ejemplo, solo podrán votar 7.200 de 1,9 millones de venezolanos regularizados. El número de fallecidos que aún se encuentran registrados podría estar entre 100.000 y 200.000. 

El riesgo de que la oposición no pueda capitalizar el 28J acecha en tres escenarios —que podrían combinarse— antes, después, y durante el día de la elección.

Considerando que la abstención en las presidenciales de 2012 y 2013 fue de 20% —las más votadas en la historia del país— la cifra tope de votantes para 2024 está alrededor de 13,5 millones.

En cuanto a cambios en el Registro, los traslados se realizaron más hacia centros tradicionalmente chavistas que hacia los opositores. Entre nuevos inscritos y votantes reubicados, 1.260.484 se empadronaron en centros que han favorecido históricamente al PSUV y 768.061 en centros que han favorecido en el pasado a la oposición. Esto podría deberse a que el PSUV tuvo mejor información sobre los puntos de inscripción, y pudo realizar un operativo de registro mucho más efectivo que la oposición. O también a que la población que se ha cambiado de centro (en parte gracias a la migración interna) o de electores primerizos se concentra mayormente en zonas pobres y rurales vinculadas al PSUV. Es decir, 1,2 millones de electores nuevos o reubicados votarán en la periferia de ciudades y zonas rurales, donde a la maquinaria opositora se le suele dificultar el acceso.

Datos de la consultora Dinámica Venezuela recabados en mayo señalan que Maduro tiene virtualmente aseguradas unos 3,67 millones de papeletas en el bastión del voto duro chavista, cifra que es de 3,3 millones para la oposición. Pero a diferencia del madurismo –cuyo apoyo en “territorio azul” es cercano a cero— Machado y González sí tienen simpatizantes en zonas pobres y rurales que han sido baluartes del PSUV. En los centros tradicionalmente rojos, la oposición podría conseguir hasta 2,67 millones de votos adicionales si se consolida la defensa del voto en las próximas semanas resistiendo la presión que el PSUV pueda intentar ejercer.

Las viejas irregularidades rojas y el estado de los cuadros chavistas 

En las elecciones donde la oposición ha participado, la estrategia del chavismo para socavar a su adversario se compone de dos elementos que podrían contrarrestarse con altos niveles de preparación. 

En centros tradicionalmente opositores, el PSUV se enfoca en producir irregularidades para obstruir y ralentizar la votación a través de su famosa “operación morrocoy”, que causa retrasos injustificados en los centros de votación, atrapando a cientos de electores en las colas mientras los funcionarios del CNE no contribuyen a agilizar el proceso. También suelen ocurrir retrasos dentro de los propios centros, donde ciertas mesas electorales tardan en funcionar por la falta de personal o de capacitación de miembros de mesa.

Y como todos sabemos, el PSUV ha contado desde sus inicios con redes irregulares de motorizados y activistas —los llamados “puntos rojos”— dedicados a intimidar, hostigar, y hacer proselitismo político alrededor de los centros de votación en el día de la elección. Son estos los instrumentos del gobierno para hacer trampa en el terreno (o fraude procesal) de forma dispersa y por tanto difícil de comprender y enfrentar.

Considerando que la abstención en las presidenciales de 2012 y 2013 fue de 20% —las más votadas en la historia del país— la cifra tope de votantes para 2024 está alrededor de 13,5 millones.

El voto vigilado, y otras técnicas de fraude procesal como el “carrusel” del PSUV —donde los puntos rojos retienen el carnet de la patria de electores vulnerables que se dirigen a los centros, y después verifican por cuál candidato votaron recibiendo comprobantes ajenos— pueden neutralizarse con la presencia de testigos, miembros de mesa entrenados, y ciudadanos organizados a las afueras de centros calientes. Pero en una elección donde Maduro se juega la presidencia por primera vez en 11 años, y considerando las acusaciones recientes contra la oposición por “actos terroristas” y supuestos sabotajes al sistema eléctrico, es posible que veamos prácticas más agresivas e innovaciones sin precedentes que busquen impedir el proceso en ciertas zonas.

Sin embargo, y a diferencia de los años de gloria del PSUV —cuando un sinfín de actores y militantes pateaban calle, repartían bienes y movilizaban electores en barrios y esquinas recónditas— la maquinaria electoral del gobierno está en su mínimo histórico. El éxodo generalizado y la corrupción en los altos mandos han menguado las bases después de que proliferaron las estructuras chavistas en los 2000 y 2010. En esos tiempos, la dirigencia del PSUV se alejó y perdió control de figuras que comenzaban a chocar entre sí en las comunidades, como los CLAP, los jefes de calle, los coordinadores de Misiones, y las Unidades de Batalla Hugo Chávez.

Estas últimas, que han sido la fuerza movilizadora más básica del chavismo a nivel parroquial y municipal, han sido relegadas en el discurso de campaña de Maduro y Diosdado Cabello. En su lugar se crearon las Brigadas Comunales Militares para la Educación y Salud (Bricomiles) para llenar el vacío distributivo después de las elecciones regionales de 2021, en las que el chavismo obtuvo más gobernaciones y alcaldías debido a la fragmentación de las opciones opositoras, pero perdió el voto popular.

Con las Bricomiles, el gobierno involucró a los militares en un supuesto intento de recuperar escuelas y ambulatorios a nivel nacional, pero su alcance y desempeño es limitado y difícilmente servirá para cerrar una brecha el 28J. Estos mismos cuerpos están encargados de ejecutar el 1×10 electoral del PSUV para movilizar votantes comprometidos, programa que ha sido modificado y criticado en vivo por Cabello y Jorge Rodríguez por sus ineficiencias.