Muévete rápido y reparte: el auge del delivery en moto

Una plétora de nuevas empresas que involucran entre 180.000 y 300.000 trabajadores, surgida de la desregulación, creó un nuevo papel para los motorizados en el imaginario social

La industria automotriz de Venezuela ya no es lo que era. La otrora próspera industria de ensamblaje de carros produjo solo 61 vehículos durante 2023, y el parque automotor ha envejecido dramáticamente, ya que adquirir un vehículo nuevo sigue siendo demasiado costoso para una gran parte de la población. Además, la gasolina se ha vuelto más cara y a veces escasea en regiones fuera de Caracas.

Pero la industria de las motos, por su parte, ha ido creciendo de manera constante. 

Según la Asociación de Industriales, Fabricantes y Ensambladoras de Motociclos (AIFEM), el número de motocicletas ensambladas por sus afiliados ha aumentado de alrededor de 1.100 unidades en 2018 a casi 300.000 en 2023. Solo durante el primer trimestre de 2024, produjeron 115.600 unidades. De hecho, según AIFEM, la industria genera 3.000 empleos directos y 6.000 indirectos  aproximadamente.

Los precios de las motos también son más accesibles que los de sus competidores de cuatro ruedas: comienzan en 700 dólares, dependiendo de la marca, el modelo y las especificaciones. Algunas empresas incluso ofrecen financiamiento, y aplicaciones Compre ahora y pague después como Cashea incluyen motos en su catálogo. Además, los costos de compra de repuestos, mantenimiento y combustible son comparativamente más bajos. 

Sin embargo, la conveniencia de poseer una motocicleta para uso personal no explica del todo el éxito de este vehículo en la Venezuela moderna. Es más bien una intersección de startups, nuevos oasis urbanos comerciales, un cambio en las políticas macroeconómicas nacionales y nuevos roles para los motorizados.

 Rápido y versátil

Durante décadas, las motos han sido fundamentales para muchos empleos en Venezuela. Mucha gente utiliza los mototaxis como medio de transporte y muchas empresas utilizan mototaxis para entregar documentos, paquetes, alimentos y más productos, ya que son más asequibles y pueden hacer el trabajo más rápido al evitar el tráfico. Sin embargo, la desregulación económica parcial a partir de 2019 y la pandemia de COVID-19 abrieron nuevos horizontes para estos vehículos.

No se debe subestimar el impacto de estas empresas de delivery: según el estudio de Ecoanalítica, agregan 800 millones de dólares por año a la economía y aumentan la capacidad de varias familias de bajos ingresos para satisfacer sus necesidades básicas, beneficiando directamente a 180.000 trabajadores, 6% del sector privado. 

Hoy en día hay alrededor de 300.000 repartidores según la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecom-e), un aumento del 20% respecto a 2023, gracias a la demanda de entregas a domicilio provocada por los confinamientos de 2020 y 2021 y a las mejores condiciones para este tipo de compras a través de la dolarización y el fintech. Aplicaciones como Ridery, Yummy Rides y Muévelo no sólo brindan servicios de mototaxi sino que también permiten a los usuarios enviar paquetes y mandados a través de sus motorizados. PedidosYa y Yummy utilizan motorizados para entregar pedidos de comida en línea. Según un estudio reciente de la firma de investigación y consultoría Ecoanalítica, casi el 20% de los venezolanos utiliza estas aplicaciones.

Este auge no sorprende si tenemos en cuenta lo lucrativa que puede ser esta industria. Según Cavecom-e, el ingreso promedio de un trabajador del sector de reparto fluctúa entre 400 y 800 dólares, de 3 a 6 veces el “ingreso mínimo integral” de un empleado del sector público. No se debe subestimar el impacto de estas empresas de delivery: según el estudio de Ecoanalítica, agregan 800 millones de dólares por año a la economía y aumentan la capacidad de varias familias de bajos ingresos para satisfacer sus necesidades básicas, beneficiando directamente a 180.000 trabajadores, 6% del sector privado. 

Los nuevos motorizados

El auge de las empresas de delivery también ha cambiado el papel de los motorizados en el imaginario popular. Durante el apogeo de la crisis de crimen que Venezuela experimentó durante la última década, las motos estaban asociadas con las bandas. Sin embargo, el estudio reciente de Ecoanalítica reveló que el 77% de los encuestados piensa que las empresas de reparto y movilidad fueron claves para el cambio de percepción sobre los motorizados y la reducción de la delincuencia en las calles de las principales ciudades de Venezuela. 

Algunos ensambladores de motos también han intentado posicionar aún más sus marcas en la esfera pública. Por ejemplo, marcas como Bera han comercializado algunos modelos de motocicletas patrocinando al Miss Venezuela y la Vinotinto. 

Las motos han estado presentes durante la actual campaña presidencial. El gobierno de Maduro anunció CrediMoto, un programa especial que supuestamente entregará 10.000 créditos para motos, y declaró la motopirueta –práctica en la que los motorizados realizan peligrosas acrobacias a altas velocidades– como deporte nacional, lo que generó cierta controversia. Estos enfoques parecen ser un intento de atraer a los motorizados como votantes en la campaña focalizada sectorial del chavismo.

La polémica sobre las motopiruetas está relacionada con las serias preocupaciones de seguridad que existen en Venezuela sobre el uso de motocicletas. Según datos del Observatorio de Seguridad Vial de Venezuela, entre enero y mayo de 2024 el 53% de las personas que fallecieron en accidentes viales eran motorizados. Abril alcanzó la mayor proporción per cápita (73%) de muertes de motorizados sobre el total de muertes en accidentes de tránsito. Pero, en términos absolutos, febrero fue el peor mes hasta el momento, con 64 muertes. La creación de políticas públicas y campañas en materia de seguridad vial para motorizados sigue siendo fundamental para reducir este número.

También existen riesgos económicos y regulatorios. Por ejemplo, en febrero, el gobierno creó un nuevo impuesto para los servicios de entrega e hizo obligatorio que los repartidores adquirieran un permiso de un año por 300 dólares. El revuelo causado por esta política obligó al gobierno a derogarla, pero aún es factible la posibilidad de una mayor intervención gubernamental en el sector. De manera similar, las nuevas empresas de reparto se han enfrentado a protestas ocasionales de repartidores que eventualmente podrían sindicalizarse.

Más importante aún, la volátil economía de Venezuela crea una serie de riesgos para todas las industrias, y los sectores donde los motorizados están prosperando no son una excepción. Si el poder adquisitivo de los consumidores sigue disminuyendo, la demanda de servicios de entrega se verá afectada. De manera similar, si la política económica del gobierno sigue siendo hostil a las pequeñas y medianas empresas, la oferta de bienes en la economía podría disminuir y con ella la cantidad de productos disponibles para su entrega. Pero, por ahora, el oasis consumista en Caracas y otras grandes ciudades seguirá alimentando al enjambre de repartidores vestidos de morado y verde.