Caracas Chronicles

La crisis del 2016 ha forzado a muchos hogares venezolanos a tomar decisiones difíciles. Para poder cuadrar las cuentas del hogar hasta fin de año, muchas familias han vendido, con profundos descuentos, activos (vehículos, negocios, viviendas, etc.) que consiguieron luego de muchos años de esfuerzo.

Para poder llegar a fin de mes, muchas familias han retirado a los más jóvenes de la escuela o la Universidad, sacrificando sueños de superación y progreso.

Para poder llegar a la próxima quincena, muchas familias han renunciado a la idea de comer de nuevo un pabellón o una arepa, y algunos miembros de la familia han abandonado sus trabajos para dedicarse exclusivamente a la titánica tarea de buscar comida o medicamentos a un precio asequible.

Para poder llegar al final del día, muchas familias engañan al estómago con una dieta a base de mangos y sardinas, se saltan una, dos o tres comidas,  y los adultos hacen de tripas corazón y se limitan solo a ver comer a los niños de la casa.

Ninguna de estas familias quisiera tener que tomar estas decisiones, para la mayoría esto resultaba impensable hace apenas unos meses atrás. Sin embargo, las familias venezolanas asumen estas y otras decisiones porque es lo que deben hacer para subsistir en medio de la crisis.

A la luz de estos profundos y sinceros sacrificios, las decisiones del Gobierno en materia económica se hacen aún más perturbador.

El Gobierno ha decidido proteger rentas y prebendas a costa del hambre de los venezolanos. Sobran muestras de este comportamiento sistemático, pero pocas son tan demostrativas como la política de privilegios en torno al precio de los combustibles.

Lo barato sale caro

Incluso después de los aumentos de principios de año, la gasolina en Venezuela sigue siendo 40 veces más “barata” que en cualquier otro país del mundo, y 70 veces más “barata” que en cualquier otro país de América Latina. Decimos “barata” entre comillas, porque vender el combustible a precios bajos le sale extremadamente caro al país

Venezuela es el país con la gasolina más “barata” del planeta. Eso se sabe. Sin embargo, esta descripción no le hace justicia a un más que dudoso honor. Incluso después de los aumentos de principios de año, la gasolina en Venezuela sigue siendo 40 veces más “barata” que en cualquier otro país del mundo, y 70 veces más “barata” que en cualquier otro país de América Latina. Decimos “barata” entre comillas, porque vender el combustible a precios bajos le sale extremadamente caro al país.

Durante los últimos 13 años de bonanza y caída en los precios del petróleo, la política de privilegios del combustible le ha costado al país cerca de 120 mil millones de dólares. Esta cifra se dice fácil, pero en un país que busca sobrevivir una profunda escasez, 120 mil millones de dólares en 13 años representa más que todos los medicamentos y alimentos que efectivamente se importaron en el país durante ese período.

Solamente en el año 2015,  la política de privilegios del combustible le costó al país tres veces más que todo el gasto ejecutado en educación, salud y seguridad social y casi diez veces más que todo el gasto ejecutado en seguridad ciudadana. El 2016 no ha sido muy  distinto. En medio de la catástrofe económica que estamos viviendo, la política de privilegios del combustible va rumbo a representar una cifra mayor que cualquier línea de gasto del presupuesto nacional.

En un país como el nuestro, con una situación tan crítica como la que estamos viviendo, ¿Tiene algún sentido dar prioridad el consumo de combustible por encima de la comida para nuestras familias?

¿Tiene algún sentido priorizar el consumo de combustible por encima de la salud de nuestros adultos mayores y recién nacidos?

¿Tiene algún sentido priorizar el consumo de combustible por encima de la seguridad de nuestros seres queridos?

Por supuesto que no tiene sentido.

La respuesta se hace obvia para cualquiera que tenga como prioridad proteger y promover el bienestar de las familias venezolanas.

El peor programa social posible

Si se evalúa el consumo de combustible de estos grupos se observa que el 10% más pobre de la población, aquellos en pobreza extrema según el INE, solo se beneficia del 0,97% del subsidio al combustible. Si se repite el ejercicio enfocándose en el 30% más pobre de la población, aquellos en situación de pobreza según el INE, solo se benefician del 4,89% del subsidio

Algunos han tratado de posicionar la idea que regalar los combustibles no es necesariamente un problema. Somos un país petrolero, se nos dice, y el petróleo es de todos, entonces es derecho de nuestros ciudadanos “beneficiarse” de consumir combustible a precios absurdamente bajos, incluso por debajo de lo que cuesta producirlo. Es como decir que a un zapatero le va bien porque tiene muchos zapatos y se los queda, no porque los vende.

El hecho de tener petróleo le da derecho a beneficios a todos nuestros ciudadanos, no solo a los que puedan explotar el sistema de privilegios a punta de consumo ineficiente y de contrabando. El beneficio de consumir combustible barato no está precisamente dirigido hacia todos. Aunque todos recibimos “algún” beneficio, bien sea indirectamente a través del transporte público y el transporte de bienes de carga o directamente a través del uso de algún vehículo particular, estos beneficios no se distribuyen equitativamente, y rara vez llegan a los más necesitados.

De hecho, si fuéramos a evaluar la política de privilegios de la gasolina como un programa de protección social, sería el peor programa social posible. Según datos del INE, para el primer semestre del 2015, 9,3% de la población estaba en situación de pobreza extrema y 33,1% de la población estaba en situación de pobreza. Si se evalúa el consumo de combustible de estos grupos se observa que el 10% más pobre de la población, aquellos en pobreza extrema según el INE, solo se beneficia del 0,97% del subsidio al combustible. Si se repite el ejercicio enfocándose en el 30% más pobre de la población, aquellos en situación de pobreza según el INE, solo se benefician del 4,89% del subsidio.

Es decir, que según las cifras del INE, más del 95% de los beneficios del subsidio de gasolina no van a los pobres. Aún si consideramos recientes investigaciones que apuntan a niveles de pobreza cercanos al 76% de la población para 2016, solo 28% de los beneficios estarían llegando a esa mayoría tan necesitada. Así de regresivos son los privilegios a los combustibles.

El sacrificio de muchos y el beneficio de pocos

Las prioridades del Gobierno no parecieran incluir la protección de los más pobres o de las grandes mayorías. Más bien, las prioridades del Gobierno parecieran estar del lado de la protección del privilegio de unos pocos, y de sostener el lucrativo negocio de los contrabandistas

Si los pobres no se benefician, entonces ¿Quién sale ganando con esta política de privilegios? En la práctica el beneficio está principalmente concentrado en dos grupos: Los contrabandistas y el 20% más rico de la población. Estos dos pequeños grupos concentran el 72% de los beneficios de la política de privilegios del combustible.  Visto de otra forma, el porcentaje del beneficio que va a los contrabandistas es 1,6 veces el que recibe el 80% más pobre de la población. De igual manera, el beneficio que recibe el 20% más rico de la población, es equivalente al que recibe el 80% más pobre.

El 20% más rico de la población se beneficia de una política de privilegios diseñada a la medida de sus patrones de transporte, es decir, enfocada en el uso de vehículos particulares. Este sector se ha beneficiado de esta política no abusando o violando una norma, sino haciendo uso de ella tal y como está diseñada. Si se decide regalar la gasolina, sin ningún tipo de restricción, resulta de esperarse que quienes tengan vehículos privados sean los principales beneficiarios. El hecho que durante los últimos 13 años se hayan destinado miles de millones de dólares al año a subsidiar el transporte del 20% más rico de la población, es responsabilidad de quién diseña y sostiene la política, es decir, del Gobierno.

Los contrabandistas, en contraste, sí están violentando la norma. Sin embargo, vale la pena recordar que el gobierno produce o importa el combustible, distribuye el combustible, le coloca un precio de mercado y ejerce el control sobre el cruce en la frontera. ¿Es posible que diariamente unos 16 millones de litros de gasolina (100 mil barriles al día) sean revendidos en el exterior sin la complicidad del gobierno?

Solo a modo de referencia, para poder bachaquear 16 millones de litros de gasolina a través de vehículos particulares (utilizando un tanque extra para cada vehículo) se requerirían al menos 320.000 viajes diarios. Esto puede no sonar tan descabellado hasta que se considera que según Migración Colombia, el año 2014, el último donde la frontera entre Venezuela y Colombia operaba de forma regular, se observaron unas 900.000 entradas terrestres a todo el territorio Colombiano durante todo el año, incluyendo todos los Colombianos y todos los extranjeros por todas sus fronteras . Resulta inverosímil pensar que el principal mecanismo de contrabando sea a través de una enorme operación de microbachaqueros que se escabullen del control estatal, y que en 3 días acumularían más entradas ilegales al vecino país que todos los viajes terrestres registrados de forma oficial por Colombia en sus fronteras en un año.

Así también, recordemos que el precio de la gasolina en las estaciones especiales exclusivas (es decir, cerca de la frontera), es al menos 55 veces superior al resto del país, por lo que la diferencia de precios con la gasolina en Colombia se encuentra “apenas” del 365%. En cambio, la diferencia del precio de la gasolina entre el resto del país y Colombia está por el orden de 25.866%. El “gran negocio” está en trasladar la gasolina a Bs. 6 por litro, no a Bs. 330.

Todo esto apunta a que el esquema de contrabando es uno de macrobachaqueros, que mueven grandes cantidades de gasolina a los países vecinos a través de camiones, gandolas y embarcaciones, y que logran hacerse con estas grandes cantidades de gasolina a precios profundamente subsidiados lejos de la frontera. Esta actividad difícilmente se podría llevar a cabo sin la acción u omisión estatal. Por 13 años se han destinado miles de millones de dólares al año a subsidiar el negocio de contrabandistas, y ese hecho es responsabilidad de quién produce, importa y distribuye la gasolina, así como de quién ejerce el control de la frontera, es decir, el Gobierno.

Las prioridades del Gobierno no parecieran incluir la protección de los más pobres o de las grandes mayorías. Más bien, las prioridades del Gobierno parecieran estar del lado de la protección del privilegio de unos pocos, y de sostener el lucrativo negocio de los contrabandistas.

Un camino distinto

Una alternativa sería distribuirlo directamente a la gente. Por esto no nos referimos a distribuir unas migajas que no alcanzan para nada y que llegan a unos pocos. Nos referimos a distribuir todos esos ingresos, entre todos los venezolanos, por igual

En 1999 los precios promedio del mercado interno de Venezuela eran equivalentes a los del mercado internacional, pero durante toda su gestión el Chavismo se ha encargado de profundizar una política de privilegios del combustible, que defiende a capa y espada el despilfarro y los negocios turbios incluso frente a la enorme crisis que enfrentamos. Los Venezolanos merecemos más. Hay que ponerle coto de una vez por todas al negocio de unos pocos en favor de beneficios para todos.

El contrabando no se va acabar con el establecimiento de más controles. La única manera de acabar con el contrabando, es acabando con la oportunidad de negocio detrás del contrabando. Para hacer esto, Venezuela podría simplemente comercializar en el mercado interno el combustible a precios de mercado internacional, tal como en 1999, eliminando de una vez por todas cualquier incentivo a la extracción de combustible. Esto permitiría en 2017, luego de cubrir los costos de producción del combustible, recaudar aproximadamente 4 mil millones de dólares en un escenario conservador de precios de petróleo. Ahora, la gran pregunta es, ¿Cuál sería el destino de esos 4 mil millones de dólares?.

Según Transparencia Internacional, el Gobierno de Venezuela es percibido como el 11vo más corrupto del mundo, por lo que no sorprende la animosidad en la opinión pública ante el prospecto de perder un beneficio tangible, por más pequeño e injustamente distribuido que sea, y someterlo al control de un Gobierno percibido como corrupto.

Una alternativa sería distribuirlo directamente a la gente. Por esto no nos referimos a distribuir unas migajas que no alcanzan para nada y que llegan a unos pocos. Nos referimos a distribuir todos esos ingresos, entre todos los venezolanos, por igual.

Esto equivaldría a una transferencia directa anual, por hogar, de unos 650$. Una transferencia de este monto permitiría más que compensar las pérdidas por el ajuste de precios del combustible para el 90% más pobre de la población, y generaría ingresos adicionales, que en el caso del 30% más pobre de la población,  podrían traducirse en el equivalente de unos 10 salarios mínimos adicionales al año.

Es obvio que el destino y mecanismo de uso de estos recursos requiere de una discusión mucho más amplia. Existen varios destinos meritorios para dichos fondos. Desde transferencias directas más concentradas en poblaciones vulnerables y de carácter condicional, hasta inversiones en alternativas de transporte público, inversiones estructurales en salud, educación y seguridad ciudadana, o la importación y comercialización de alimentos o medicamentos de primera necesidad. Adicionalmente, cualquiera sea la opción a escoger, requiere de una detallada planificación para su ejecución. Esta medida no se puede improvisar.

Sin embargo, el espíritu de fondo de las alternativas es el mismo: Acabar con el despilfarro y el negocio del contrabando, y con ello financiar un esquema de protección social equitativo que ayude a la gente a enfrentarse a esta enorme crisis que estamos sobreviviendo.

El Chavismo ha tenido la oportunidad de ponerse del lado de la gente por casi dos décadas, y durante todo este tiempo ha elegido mantenerse del lado de los corruptos y enchufados. Vendiéndose como los “hijos del Caracazo”, han hecho de la sensatez económica un anatema del diálogo político nacional. Hoy el Chavismo ni quiere ni puede eliminar los muchos privilegios que asfixian a la economía nacional, mientras los venezolanos sacrifican hasta lo más básico para lograr subsistir.

Los venezolanos merecemos más. Merecemos un Gobierno con las prioridades en orden, que nunca más someta a nuestra gente al hambre mientras unos se hacen millonarios con el tráfico de gasolina, y con el tráfico de influencias.